Es importante aclarar que el formulario generado desde la web es el único válido para realizar el trámite en forma digital y que, una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias, debe cargarse en mi ANSES mediante un celular o computadora. La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2025.

Paso a paso

1.       Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2.      En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.

3.     Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

4.      Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.

5.      Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.

6.     El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

En el caso de que no poder presentarla en forma digital, se puede acercar a una oficina sin turno o a un operativo de atención de ANSES.

Para más información, ingresar aquí.

La República Argentina obtuvo otro fallo a favor en tribunales internacionales, en el marco de la ofensiva de bonistas para que el país pague un resarcimiento por supuestamente haber manipulado las cifras del INDEC durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien puso al frente del organismo al polémico Guillermo Moreno, y en poco tiempo la mayoría de los datos comenzaron a ser puestos en duda.

Este fallo a favor de la Argentina se suma al revés judicial que recibieron los principales fondos de inversión demandantes por la considerada irregular expropiación de YPF la semana pasada en Irlanda.

Según supo Noticias Argentinas, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, rechazó el pedido de los demandantes en el caso “Aurelius”, conocido como “Cupón PBI”, de revisar su decisión previa audiencia.

Esos bonos pagaban en función de si el PBI aumentaba más de cierto nivel. 

En este caso puntual, el reclamo se basa en que el país dejó de publicar el dato de PBI del último trimestre de 2013, porque el kirchnerismo cambió la metodología y el crecimiento anual fue de 3,2%, justo debajo del 3,3% que gatillaba el pago.

Esa decisión generó reclamos en tribunales internacionales, primero en Londres por la versión del cupón en euros y luego en Nueva York por la serie en dólares. El litigio europeo avanzó y en 2023 la Argentina fue condenada.

Por ahora, los fondos solo cobraron una parte estimada en 313 millones de euros, depositada en marzo de 2024 como garantía para apelar, aunque ese intento fue rechazado.

Ahora, el tribunal neoyorkino reafirmó su decisión del 16 de julio, en el que rechazó la apelación de los fondos solicitantes y confirmó la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Loretta Preska.

En esa decisión, la magistrada que sigue también el caso de YPF, falló a favor de la Argentina al determinar que los demandantes no habían cumplido con la cláusula de “no acción” prevista en los contratos.

La resolución constituye así la confirmación de un reciente triunfo legal para la República, al impedir una potencial obligación de pago estimada en US$ 500 millones, según fuentes oficiales.

“La Procuración del Tesoro, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses de la Nación y los ciudadanos en todos los procesos judiciales”, dijo al respecto la Procuración.

Fuente, NA y Telefe Noticias

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei al asumir en diciembre de 2023 hicieron crecer con fuerza el gasto que cada hogar afronta por las comunicaciones, el transporte, el gas, el agua y las tarifas, lo cual no está registrado en la canasta alimentaria ni en la canasta total, y pudo tener que ver con recientes renuncias en el organismo.

El director general del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marcos Lavagna, admitió que se hicieron modificaciones en la ponderación de los precios sobre la base de datos del consumo de 2018, que reemplazan a los actuales, tomados en 2004 más una actualización agregada en 2016, pero sólo puso como ejemplo la incorporación de los servicios digitales, a partir del uso de internet, y la telefonía móvil.

La incidencia de esos cambios no es menor, ya que determina que “buena parte de la recuperación de los ingresos se haya trasladado a gastos fijos, no a gastos corrientes, lo que implica menos consumo en alimentos, turismo o recreación”. señaló recientemente en Mar del Plata el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), Agustín Salvia.

Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó un 578%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 158%, de acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet.

El valor del gas natural fue el que más creció en este período (1419%), seguido por el transporte (810%), el agua (367%) y la energía eléctrica (301%):

Si se midiera por salario promedio y no por salario mínimo, la erogación en servicios también ocupa una fuerte participación en el gasto mensual de una familia: el 12,6%, según el más reciente informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios.

Y como la mayor parte de los ingresos de los hogares vienen del campo laboral, “en la coyuntura actual el estrés económico de las familias aumentó: no alcanza la plata”, sentenció.

Factura antisocial

Está el caso de los jubilados que perciben el haber mínimo, gastan el 11,5% de sus ingresos en pagar el consumo de energía eléctrica, según reveló un informe realizado por la ONG, Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO).

La proporción del gasto mensual medido en función de las tarifas e ingresos de julio pasado, casi se triplicó respecto del nivel que evidenciaba antes de que asuma Javier Milei la presidencia en diciembre de 2023.

El estudio se realizó por segmentos de consumo. Los jubilados que tienen un consumo de 500 kwh mensuales, destinan al pago de la luz $43.967,65, lo que representa el 11,5% del haber, que el mes pasado llegó a $379.293.

En noviembre de 2023, el porcentaje era de 4,2%, ya que los adultos mayores abonaban por dicho consumo una factura de $5.219,15 de los $124.459,76 que percibían como ingreso jubilatorio. De esta manera, el grado de participación de la tarifa eléctrica en el haber casi se triplicó en los 21 meses.

Es decir que, al seguir vigente la metodología para calcular consumo y pobreza apoyada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, con datos del 2004, el resultado de aplicar una nueva medición, tomada a partir del 2017-2018, aún en suspenso, diferirá tanto en baja en la pobreza como en una mejora en el consumo.

Durante la entrevista para un streaming de noticias, Lavagna explicó por qué está frenado el lanzamiento de los resultados obtenidos con la nueva metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aseguró que tiene que ver con “la parte electoral”.

Sin embargo, las recientes renuncias del director de Estadísticas de Condiciones de Vida, Guillermo Manzano, y la directora del Índice de Precios de Consumo (IPC), Georgina Giglio, encargados respectivamente de las mediciones de Pobreza e Inflación, dejaron abiertos interrogantes sobre eventuales diferencias internas en el seno del organismo.

El nivel de desconfianza de la población hacia los datos oficiales de inflación es elevado, de acuerdo con un sondeo de la consultora Zentrix, ya que casi siete de cada diez argentinos consideran que las cifras que informa el INDEC no reflejan adecuadamente la variación real de su costo de vida.

La desconfianza general alcanza al 67,4% de los encuestados, frente a un 29,9% que sí confía en las mediciones del organismo estadístico.

Esta percepción está fuertemente atravesada por la identidad política.

Fuente: noticias.mitelefe.com