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Aborto legal: el proyecto logró la aprobación del Senado y es ley

Una mayoría en la Cámara Alta votó a favor de la iniciativa de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora el Gobierno podrá promulgarla.

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Argentina aprobó su primera ley del aborto. El proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que envió el Gobierno de Alberto Fernández al Congreso de la Nación fue aprobado en la madrugada de este 30 de diciembre en el Senado, a semanas de su media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa logró 38 votos a favor, con la definición a último momento de los indecisos, 29 en contra y una abstención. De ese modo tuvo mejor suerte que el proyecto que se había tratado en 2018, el que había fracasado en el Senado.

El distintivo verde que identifica la lucha por el derecho al aborto legal iluminó esta madrugada la cúpula del Congreso nacional, mientras miles de personas cantaban y bailaban para festejar la aprobación de la norma. Dirigentes históricas de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito bailaron junto a la jóvenes del «lado verde» de las manifestaciones.

«Poder, poder, poder popular / Luchar con la compañera le gusta a ustedes… / Y ahora que estamos juntas / Y ahora que sí nos ven / abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer… / y ¡arriba el feminismo que va a vencer!», cantaban.

Del lado celeste, en tanto, se vieron rostros de cansancio, enojo y derrota, y muchos presentes manifestaron su bronca y pidieron la renuncia de varios senadores, según reportó la agencia Télam.

En la definición de la puja entre «verdes» y «celestes» fueron determinantes la decisión de votar a favor de la neuquina Lucila Crexell (Interbloque Federal), los entrerrianos Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) y Edgardo Kueider (Frente de Todos) y el salteño Sergio «Oso» Leavy (Frente de Todos).

Los cuatro mantuvieron en suspenso su voto hasta el debate y su decisión fue determinante, junto con la ausencia sorpresiva de la riojana Clara Vega (Interbloque Federal), que había participado de la sesión y era considerada un voto en contra del proyecto, y el faltazo del puntano Adolfo Rodríguez Saá, otra baja para los «celestes».

Crexell -que se había abstenido en el debate de 2018- resaltó: «¿Qué cambió desde 2018 cuando se rechazó el proyecto? Nada. Las mujeres siguen abortando en clandestinidad y soledad».

«Los abortos no deberían existir, pero existen. Lo que falló fue la estrategia punitiva. Se condenaron mujeres injustamente.

Esta demostrado que la prohibición y la criminalización no disuade a las mujeres de los abortos», afirmó la neuquina.

Olalla señaló que «mantener la prohibición no eliminará el aborto clandestino que efectivamente existe» y remarcó que se trata de un tema de «salud integral», al tiempo que criticó que no se cumpla con la ley de educación sexual integral.

Leavy fundamentó su cambio de postura respecto de 2018, cuando votó en contra de la legalización del aborto siendo diputado nacional, al afirmar que aquel otro proyecto era «totalmente diferente», aunque influyó la reunión que mantuvo días atrás con el presidente Alberto Fernández.

«Me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar, no promueve el aborto, solo le da un marco legal seguro», sostuvo el salteño y concluyó: «Si mi voto ayuda a que una mujer no pierda la vida, voto a favor».

También influyó en el resultado que el Gobierno aceptara hacer en la reglamentación un cambio a la ley que había sido reclamado por Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), cuya posición siempre fue a favor pero condicionó su voto.

Al inicio de la sesión la pamepana Norma Durango anunció que se modificará una de las causales legales para practicar un aborto después de la semana 14 de gestación, referida al «riesgo integral» de la salud de la mujer y se eliminará la palabra «integral» en la reglamentación del Poder Ejecutivo.

La división que genera el tema al interior de cada bloque parlamentario llevó a que el tiempo reservado para los discursos de jefes de bloque se extendiera para que pudieran cerrar el debate un referente a favor y otro en contra por el Frente de Todos y por Juntos por el Cambio.

En ese contexto, la tucumana Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) sostuvo que el proyecto «no pasa ningún test de constitucionalidad» y afirmó que «si se transforma en ley, lisa y llanamente significa que el Estado ha tirado la toalla».

«Este proyecto no trae nuevas libertades ni nuevos derechos, trae negación del acceso a la vida», agregó.

A su turno, el jefe del interbloque opositor, el formoseño Luis Naidenoff, calificó el tema del aborto como una «cuestión de Estado, no de creencias, fe o dogma».

Tras señalar que pese a la penalización «se aborta en la Argentina a plena luz del día», sentenció: «Esto se resolvió con el peso del dinero, que garantiza a las que lo tienen el acceso a la salud y la ausencia de consecuencias penales, y las que no tienen los recursos, tienen el peso de la clandestinidad y también el de la condena legal».

«Si logramos que la interrupción voluntaria del embarazo vamos a demostrar que la dirigencia política es capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades y ponerse a la altura de las mayorías», sostuvo la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).

La senadora destacó al movimiento de mujeres y afirmó que «no solamente es la revolución de las hijas, sino también de las madres, las abuelas, las sobrinas», al tiempo que remarcó: «Las mujeres habremos conquistado el poder de decidir y quienes no están de acuerdo, nadie los va y las va a obligar a nada».

Por último, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, ratificó su rechazo a la legalización del aborto al señalar que es «inconstitucional» porque choca con tratados internacionales suscriptos por la Argentina y lo comparó con «la pena de muerte».

«Estamos de acuerdo con la autonomía y los derechos de la mujer, por supuesto, porque son nuestras madres, hermanas, hijas. Estamos de acuerdo siempre y cuando, como dice la Constitución no dañe a terceros. Se debe respetar los derechos de las niñas y niños por nacer», afirmó el formoseño.

Fuente: telefe.com.ar

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Limitan por decreto denominar con nombres propios a bienes del Estado

El presidente Javier Milei oficializó hoy un decreto que establece limitaciones para la utilización de nombres propios en bienes del Estado Nacional, buscando evitar el uso de recursos públicos con fines de autopromoción personal o partidaria.

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La normativa prohíbe denominar bienes estatales con nombres de personalidades políticas antes de transcurridos diez años desde su fallecimiento y considera esta práctica como una infracción grave de los principios republicanos.

En el artículo 1°, el decreto establece: «Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado Nacional».

La medida también busca garantizar la objetividad en las denominaciones de espacios públicos, argumentando que estas decisiones no deben depender de los vaivenes políticos.

«El fin que se pretende es dotar de mayor objetividad a las denominaciones o nomenclaturas y evitar que sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno, permitiendo de esa manera que el transcurso del tiempo y la objetividad que este brinda sea quien emita un juicio justo y equilibrado sobre las decisiones tomadas por los funcionarios», detalla el texto.

Entre las disposiciones más relevantes, el artículo 3° estipula: «Prohíbese a los funcionarios públicos, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del Estado Nacional con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar y homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal».

Además, el decreto habilita a los ciudadanos a denunciar posibles infracciones sin costo alguno, a través de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD). El incumplimiento de estas normativas será considerado como una «infracción grave» y podría derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales para los implicados.

Fuente: telefenoticias.com.ar / NA

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Milei cumple un año como Presidente: el «shock» fiscal, los números de su gobierno y los perdedores

Se espera que el mandatario celebre los logros de su gobierno en cadena nacional a las 21, donde destacará el orden macroeconómico. El crecimiento de la pobreza y el ajuste a los jubilados, la otra cara de su administración.

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Javier Milei cumple este martes su primer año de gobierno y puede exhibir equilibrio fiscal y reducción de la inflación, aunque al precio de un «shock» que afectó profundamente el bolsillo de los argentinos.

Se espera que el mandatario celebre los logros de su gobierno en cadena nacional a las 21, luego de sostener en la mañana una reunión privada con dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, la entidad que nuclea a los grandes terratenientes en uno de los principales productores de alimentos del mundo.

Milei asumió el cargo el 10 de diciembre del año pasado diciendo que no había «alternativa al shock» para un Estado patológicamente endeudado y con una inflación rampante.

Ahora se jacta de haber vaticinado la dureza de su ajuste: «Eso es lo que nos dio crédito para llevar adelante la tarea que pusimos en marcha durante todo este año», señaló en un discurso ante empresarios la semana pasada.

En apenas un mes de gobierno logró exhibir el primer superávit fiscal en una década. También consiguió bajar la inflación del 25,5% en diciembre -cuando devaluó el peso 52%- al 2,7% en octubre, último dato disponible. Así, el riesgo país bajó de 3.000 puntos a menos de 740, un mínimo histórico.

A caballo de un discurso confrontativo en el que propuso «terminar con la casta» política y luchar contra «la izquierda empobrecedora», Milei eliminó además más de 30.000 puestos de trabajo en el sector público, redujo ministerios y dependencias del Estado, paralizó las obras públicas y endureció la represión para sofocar protestas.

A pesar de dos huelgas generales y algunas manifestaciones tensas -sobre todo en defensa de la universidad pública-, Milei presume de un apoyo estable que confunde a sus críticos: en torno al 45% de imagen positiva, e incluso cerca del 50% según algunos sondeos recientes.

«Somos el gobierno que el primer año tiene el mejor nivel de imagen y confianza después de haber hecho el ajuste más grande la historia de la humanidad», dijo en una conferencia conservadora el miércoles pasado en Buenos Aires.

Impacto social

Si bien hay «un éxito fundamental» en términos de estabilización económica, «el costo económico-social ha sido grande. La pregunta es si son costos pasajeros o duraderos», dijo a la AFP Gabriel Vommaro, sociólogo de la Universidad Nacional de San Martín.

La pobreza saltó 11 puntos porcentuales durante los primeros seis meses de gobierno de Milei, una escalada histórica, para alcanzar 52,9%, de acuerdo con los últimos datos disponibles del estatal instituto de estadísticas Indec.

Los que más han padecido el ajuste fueron los más de 7 millones de jubilados y pensionados a quienes congeló parte de sus ingresos y redujo subvenciones a medicamentos. También vetó una ley que buscaba otorgarles 8% de aumento.

El presidente vetó además una ley que aumentaba el presupuesto educativo universitario y congeló becas estudiantiles y de investigación científica.

Lo hizo en un año con cerca de 200% de inflación, en el que sin embargo gobernó aplicando el presupuesto de 2023 que se encamina a replicar para el año que viene tras demostrar poco interés en conseguir que el Congreso apruebe su plan de gastos para 2025.

«El gobierno aplicó un muy fuerte ajuste ortodoxo para ordenar algunas variables macroeconómicas con un costo social elevado», al devaluar la moneda, desregular la economía y eliminar subsidios sin compensar el impacto en los precios con un aumento en los ingresos, escribió el Centro de Economía Política (CEPA) en su informe de diciembre.

Además, este año se perdieron más de 260.000 puestos de trabajo y el consumo se llegó a desplomar más de 20%, aunque muestra signos de recuperación, según el informe.

Mientras tenían lugar estas transformaciones en lo económico y social, Milei emprendió además su «batalla cultural» contra políticos y periodistas, a quienes acusa de corruptos; la justicia social, a la que considera «una aberración»; y el Estado, al que dice querer destruir «desde adentro».

El 65,7% de los argentinos cree que «el odio y la intolerancia están aumentando» desde que gobierna Milei, según una encuesta de septiembre de la consultora Zubán Córdoba.

Fuente: telefenoticias.com.ar

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Tarifas de luz y gas: el Gobierno mantendrá los subsidios por seis meses más

Los servicios de luz y gas seguirán teniendo la cobertura actual de subsidios hasta abril.

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El Gobierno extendió el periodo de transición energética y mantiene el esquema actual de subsidios a la luz y el gas por seis meses más, mediante la Resolución 384/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso prorrogar por “un plazo de seis meses, desde el 1º de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”.

La decisión se da tras las evaluaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Energía “en cuanto a la respuesta de los usuarios a la reestructuración progresiva del régimen de subsidios energéticos, todo ello en el marco de la política de déficit cero y desinflación implementada por el Ministerio de Economía”.

En ese sentido, se expuso que “las medidas adoptadas por esta Secretaría durante el Período de Transición, tanto en materia de subsidios como en cuanto a la actualización de las tarifas, han tenido efectos positivos sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, a la par que los usuarios van adquiriendo hábitos de consumo más eficientes, en tanto se van transparentando los verdaderos costos de la energía y poniendo límites a los volúmenes de consumo subsidiables”.

De los informes técnicos, también se desprende que “la evolución de la cobertura de los precios mayoristas por parte de los usuarios muestra un sendero virtuoso de suma importancia para mantener el equilibrio de las cuentas nacionales, estableciendo reglas claras y aportando previsibilidad al sector privado que le permita planificar inversiones”.

De esta manera, las tarifas de luz y gas seguirán teniendo la cobertura actual de subsidios, que comprende la segmentación por niveles de ingresos, hasta abril, cuando el Ejecutivo ponga en marcha un nuevo esquema de subsidios focalizados en el que se encuentra trabajando la responsable del área energética, María Tettamanti.

Al respecto, el texto oficial, Energía aclaró que “durante este período de prórroga corresponderá avanzar gradualmente con las señales que estimulan el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales por parte de todos los hogares del país, al mismo tiempo que se avanza en una aplicación focalizada de los subsidios que implementa el Poder Ejecutivo Nacional”.

En esa línea, precisó que “existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos, que distorsionan el objetivo de acompañar a quienes realmente lo necesitan y, en tal sentido, resulta necesario profundizar la ponderación del impacto de las medidas a adoptar a fin de avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios encomendada a esta Secretaría”.

La medida se da tras la prolongación de la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, resuelta a mediados de noviembre. La misma lleva casi un año de vigencia y afecta a la generación,el transporte y la distribución de energía eléctrica y gas natural.

Fuente: telefenoticias.com

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