La que está terminando no fue una buena semana para Vicentin. Arrancó con un allanamiento encabezado por un fiscal rosarino que investiga por presunta estafa a sus ex directivos, continuó con un revés judicial en la Justicia rosarina y concluye con su casa central en Avellaneda clausurada. Para peor, desde el juzgado donde se tramita su concurso preventivo aseguran que la intervención dictada 15 días atrás «no es el último ni el único paso que podemos dar».

A esta altura de los acontecimientos, bien vale aclarar un poco el panorama. Por un lado se está resolviendo la convocatoria de acreedores -donde se deberá resolver cómo se honran las deudas y qué estrategias pueden darse para continuar con la operatividad de la firma- y por otro los diversos expedientes penales, que se tramitan en tres jurisdicciones distintas.

La principal preocupación de los productores, corredores y acopiadores damnificados por el default de la agroexportadora pasan por la causa que lleva el juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, que acumula 34 cuerpos y se titula «VICENTIN S.A.I.C. S/ CONCURSO PREVENTIVO». Si fuera una más, el trámite debería encaminarse para septiembre de 2021, cuando se venza el período para que compañía y acreedores lleguen a un acuerdo. Sin embargo, no estamos ante un expediente más.

Por estas semanas, la fecha que se baraja como clave no es septiembre sino marzo. En ese mes los síndicos deben presentar su informe general (donde establecen las causales de la crisis) y también se espera que se incorporen los resultados de la auditoría forense (pedida por el comité de acreedores y autorizada por Lorenzini). Desde el Juzgado confiaron a Agrofy News que allí podrían generarse elementos para aplicar el «corrimiento del velo societario», es decir, para que el resto de las sociedades del grupo Vicentin formen parte del concurso.

El corrimiento del velo societario es un pedido que vienen agitando varios actores desde el inicio del proceso, pero hasta ahora el juez no les viene concediendo el deseo. Cada vez que se consulta por este particular, desde su entorno explican que «siempre es más fácil hacer una declaración periodística que preparar un fallo«. Más allá de ello, defienden el accionar de Lorenzini, planteando que los mecanismos de control impuestos hasta ahora son prácticamente inéditos en el país. «¿En qué concurso hubo tres veedores y se autorizó una auditoría forense?», preguntan.

Esta semana los síndicos subieron al sitio web del concurso los resultados de los «informes individuales», etapa en la que se aconseja cuál es el monto de la deuda global. Medida en dólares, la misma asciende a 1.618 millones, casi un 20% más de lo que denunció oportunamente Vicentin. Algunos actores critican que la sindicatura haya avalado el reclamo de Vicentin Paraguay (propiedad en un 97% de Vicentin SAIC), por 67 millones de dólares. «Equivale a tres meses completos de sueldos y contribuciones de los 1.200 trabajadores. De efectivizarse, sería parte del vaciamiento de la empresa concursada», señalaron.

Panorama complejo

Justamente sobre el posible vaciamiento de la firma versa una de las causas penales que pesa sobre los responsables de llevar a Vicentin a la debacle. La misma que esta semana estuvo en los principales titulares, por un allanamiento que se realizó en 14 domicilios en simultáneo, tanto en Avellaneda como en Reconquista y Rosario. El operativo fue encabezado por el fiscal Miguel Moreno, que lleva adelante una investigación por presunta estafa, iniciada por la denuncia de varios acreedores, tanto financieros como comerciales.

Desde el entorno de Moreno aseguran que el fraude está «prácticamente probado», pero que resta conocer las responsabilidades individuales en dicho acto. Con ese objetivo se llevaron adelante los allanamientos, que arrojaron como resultado el secuestro de valiosa información de dispositivos móviles e informáticos. En el lugar no se produjo ninguna detención, a pesar que tocaron la puerta de más de una decena de ex directivos de la malograda agroexportadora.

Para resguardar pruebas, la Fiscalía definió clausurar la sede central de la compañía, que recién podrá volver a abrir sus puertas la semana próxima. La medida es «a los efectos de que administrativamente no puedan generar ningún movimiento que implique la dilución de algún bien, de transformación del paquete societario, de modificación del capital social, ocultamiento de alguna información documental que pueda estar en algún archivo digital y pueda ser modificado”, según informó oficialmente el Ministerio Público de la Acusación.

Vicentin recibió además otro revés esta semana, en este caso en los tribunales penales de Rosario. Sus abogados intentaron llevar la causa penal a Reconquista, pero los esfuerzos se chocaron con la resolución del juez Hernán Postma, que definió que el expediente deberá seguir su curso en Rosario.

Tras un 2020 que la empresa estuvo en el centro de la escena más que ningún otro año en su historia (de hecho, fue uno de los términos más buscados en Google), lo finaliza con una situación más que acuciante. Es que a la par de las causas judiciales debe consignarse que sus plantas están paralizadas, no solo por el paro que paraliza las terminales portuarias sino porque aún rige sobre Díaz & Forti (con la que tiene contratos de fasón) la prohibición para operar que dispuso el Ministerio de Agricultura.

FUENTE: news.agrofy.com.ar