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El SPPDP logró un falló favorable inédito en la Corte Suprema provincial

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La perseverancia, la convicción y el sostenimiento de políticas públicas programadas e inspiradas en el respeto a los Derechos Humanos encontraron acogida en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.

La Defensa Pública, liderada por la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, obtuvo un fallo favorable en el máximo tribunal en relación a la eliminación de la superpoblación y el hacinamiento en la Unidad Penitenciaria Nº XI de la localidad de Piñero, que genera además un precedente inédito que beneficiará a los internos alojados en las demás unidades penitenciarias de la Provincia.

Desde sus inicios, dando cumplimiento a las funciones previstas en la ley 13.014, el SPPDP sostuvo una política pública de control, inspección y monitoreo en las unidades penitenciarias, la cual fue profundizada y reforzada por la actual conducción al tiempo de crearse programas específicos para su abordaje, realizar gestiones interinstitucionales e interponer distintas acciones de habeas corpus, entre otras.

A partir de esa labor, se constató la situación crítica e impostergable respecto a la superpoblación y hacinamiento en los penales santafesinos, y se efectuaron las acciones judiciales correspondientes para resguardar los Derechos Humanos de la población sometida a encierro. Pueden observarse, tanto en los fundamentos del referido decisorio como en las diferentes presentaciones realizadas por la Defensa Pública, características comunes del modelo actual de encierro, que vulnera la dignidad humana e impacta contra el fin resocializador de la pena.

En ese contexto, la Defensora Provincial y el Defensor Regional de la Segunda Circunscripción articularon remedios para evitar el hacinamiento y la sobrepoblación acreditada en la Unidad Penal n.º 11, en Piñero, valiéndose de la resolución dictada en 2017 por el Dr. Gustavo Pérez de Urrechu.

Vale repasar cómo transcurrieron los hechos, y es útil presentarlo en dos etapas. En una primera etapa, en el año 2015, la Defensa Pública interpuso un habeas corpus correctivo y colectivo en favor de todos los internos sometidos a situación de encierro en las unidades penitenciarias de la 2º Circunscripción. En uno de los puntos, se denunció que la capacidad de alojamiento en la Unidad Penitenciaria de Piñero se encontraba sobrepasada. Dos años después de su presentación, el Juez Pérez de Urrechu resolvió fijar -en relación a ese Penal- un cupo legal de 1448 internos.  Dicha resolución, quedó firme y constituye el marco y antecedente de las presentaciones judiciales realizadas en los últimos tiempos por la Defensoría.

Es así que, habiendo sido determinada judicialmente la capacidad máxima de alojamiento para el penal, a partir de sucesivas inspecciones efectuadas por el SPPDP, se comprobó que la misma no era respetada.

En este punto, la Defensa Pública inició una segunda intervención judicial que, valiéndose de la resolución que determinó cupo máximo, venía a reclamar que el mismo fuera respetado por el Poder Ejecutivo. El estado de situación fue nuevamente denunciado ante el mismo Magistrado, que ordenó  al Servicio Penitenciario adecuar -en el plazo de 120 días- el número de internos al cupo establecido en 2017 y prohibió el ingreso de presos federales al penal por encima de aquel. Esta decisión, que hubiera permitido debilitar el hacinamiento crónico de los penales santafesinos, y afrontar en mejores condiciones la inesperada pandemia, fue sin embargo dejada en suspenso a pedido del Poder Ejecutivo provincial.

Para ello, el gobierno articuló un recurso de apelación, y obtuvo una resolución del Magistrado de segunda instancia, Dr. Javier Beltramone, que resolvió suspenderla hasta tanto la Justicia Federal o la Nación cumpla los compromisos asumidos con la provincia de Santa Fe respecto a los presos de ese ámbito.

A partir de esa decisión, la Defensa Pública redobló esfuerzos y compareció ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se respete el cupo oportunamente admitido y fijado en instancias judiciales, como así también para que se materialice la reducción del número de internos en el penal de Piñero y cese toda situación de hacinamiento o agravamiento de las condiciones de detención.

El Servicio de Defensa continúo en su labor de control y constató que el incumplimiento del cupo fijado por orden judicial continuó y los niveles de hacinamiento crítico se sostuvieron. Esta circunstancia fue puesta en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, reclamando pronta resolución en noviembre de 2019; y luego, en 2020, mediante una nueva presentación de fecha 12 de febrero, y otra del 12 de marzo.

Asimismo, se agregó que la coyuntura imbuida por la Pandemia producto de la propagación del COVID – 19 (Coronavirus) es grave, y que el hacinamiento reinante potencia los niveles de contagio, por lo que el daño a la salud puede resultar irremediable, sobre todo en las personas en especial situación de vulnerabilidad, como las personas privadas de su libertad.

Por último, el 3 de junio de 2020, el máximo tribunal provincial reconoció que en esa unidad penitenciaria los niveles de sobrepoblación se encuentran vigentes, aparejando una grave afectación a los derechos constitucionales de las personas sometidas a encierro y que por lo tanto requiere un Estado activo para remediarla. En esa linea, sostuvo que existen numerosas medidas alternativas a la prisión, tanto para la etapa de condena como de ejecución de la pena; e hizo hincapié en la necesidad de reducir el número de internos en el penal, no sólo para cumplimentar con el cupo fijado judicialmente, sino también como una decisión preventiva para resguardar la salud de los internos incluidos dentro de los grupos de riesgo ante la situación de Pandemia.

De este modo, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en un fallo suscripto por los Ministros, Dres. Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi (en disidencia), Mario Netri y Eduardo Spuler, resolvió  disponer que se dé cumplimiento a la sentencia emitida por el magistrado de primera instancia tendiente a evitar la sobrepoblación carcelaria. Además, requirió al Poder Ejecutivo provincial, que en el plazo de 15 días, formule una propuesta programada que permita limitar la población carcelaria a la estrictamente pertinente, mediante su re-ubicación en caso de ser necesario. Dicha propuesta, deberá ser puesta a consideración tanto de la Corte Suprema, como de la Mesa Interinstitucional de Diálogo que convocará el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia de Santa Fe.

En igual sintonía, instó a los Poderes Ejecutivos provincial y Nacional a establecer un mecanismo que dé solución definitiva a las personas privadas de su libertad que se encuentran a disposición de la Justicia Federal y están alojadas en unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe y, entre tanto, requerir al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio al Servicio Penitenciario Federal, que en el plazo de 180 días dé cumplimiento al convenio vigente que determina un cupo máximo de 50 plazas para alojados federales en la Provincia. Finalmente, recomendó a las autoridades penitenciarias el estricto cumplimiento de los protocolos y normas vigentes en materia sanitaria ante la detección de síntomas compatibles con COVID-19, debiendo procurarse de manera inmediata la atención correspondiente y, en su caso, un aislamiento provisorio dentro del penal u otro establecimiento destinado al efecto.

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, compartió criterio con la Defensa Pública en dos temas centrales: el Estado debe limitar el encierro de personas a la capacidad máxima que permita el resguardo de la dignidad y los Derechos Humanos de los privados de libertad; y por otro lado, en la prioridad de medidas alternativas al encierro.

«Este logro judicial nos anima y nos permite reafirmar cada uno de los pasos dados en el interminable camino de la búsqueda por una sociedad más justa», expresaron desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

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Territorio 5.0: el nuevo Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos ya recibió más de 9.000 trámites digitales

El organismo comenzó a funcionar el 25 de agosto, y unificó los cinco registros públicos de comercio que dependían del Poder Judicial, ahora bajo el ámbito del Poder Ejecutivo. La nueva estructura permite realizar gestiones 100 % digitales, reducir costos y agilizar los procesos administrativos en toda la provincia.

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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe cuenta con el primer organismo 100 % digital: el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (Rpjec), entidad que ya recibió más de 9.000 trámites digitales desde su funcionamiento, iniciado el 25 de agosto pasado en todo el territorio provincial.

Creado por la actual gestión, el Rpjec unifica los cinco registros públicos de comercio que dependían del Poder Judicial y acerca la administración al ciudadano, modernizando el funcionamiento del Estado y simplificando los procedimientos vinculados con empresas, asociaciones y contratos.

La iniciativa fue posible gracias a la sanción de la Ley Provincial Nº 14.276 que integró el Registro Público de Comercio y la Inspección General de Personas Jurídicas bajo la órbita del Poder Ejecutivo. De esta manera, se logró centralizar, estandarizar y digitalizar la totalidad de los trámites.

Cuando se realizó la presentación, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, destacó el rol de la Legislatura Provincial “que sancionó la Ley N° 14.256 de Reforma del Estado, donde se asientan todas las transformaciones que estamos llevando adelante en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, a través del ahorro de costos, la reducción de tiempos y la agilidad administrativa”.

Sin burocracia

Asimismo, Bastia afirmó que, a partir del 1° de julio de 2026, “no va a existir más el Estado colonial, el del papel, porque pasamos a un Estado 100 % digital”.

Por su parte, el subsecretario del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos, Roberto Ryan, explicó: “Durante 53 años, en la provincia, para constituir una sociedad era necesario pasar por dos reparticiones distintas: el Registro Público, bajo la órbita del Poder Judicial, y la Inspección General de Personas Jurídicas. Esto implicaba una duplicidad de trámites sin sentido, mayores costos y demoras logísticas, además de diferencias de criterios al aplicar la normativa”.

“Por eso -continuó Ryan- la unificación lograda a través del Rpjec marca un hecho histórico en la provincia, al permitir la simplificación de trámites, la unificación de datos, la digitalización total de las gestiones mediante la plataforma Timbó, la reducción de costos y la agilización de procesos, además de beneficios concretos para las entidades civiles”.

En tanto que, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que “esta transformación del Estado marca un hito muy importante, no solo en el aspecto digital, sino también en la interacción con asociaciones civiles, fundaciones y empresas de toda la provincia, de manera ágil y transparente”.

Finalmente, la secretaria de Gestión Pública, Natalia Galano, recordó que “el gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió desde el primer momento llevar adelante una reforma profunda de la Administración Pública para lograr una gestión más ágil, eficiente y democrática”.

Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos

Desde el 25 de agosto de 2025, todos los trámites que antes se realizaban en cualquiera de los registros pasaron a gestionarse de forma unificada en este organismo, lo que agiliza los plazos, elimina duplicaciones -como la doble inscripción para sociedades anónimas- y mejora la atención al público.

El Rpjec es el primer organismo 100 % digital de la Provincia para trámites empresariales y de personas jurídicas, con más de un centenar de gestiones disponibles, entre ellas la inscripción de empresas, la presentación de balances y la rúbrica de libros de comercio. Además, se está trasladando toda la documentación, los sistemas informáticos y las bases de datos hacia la nueva estructura.

Cabe recordar que el Rpjec fue presentado en septiembre en la ciudad de Rosario, en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia.

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La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio para fortalecer la atención ciudadana

El acuerdo permitirá coordinar acciones y compartir información para agilizar gestiones vinculadas a la identificación de las personas y la tramitación de partidas. La firma se realizó en la sede Santa Fe de la Defensoría del Pueblo.

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La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe y el Registro Civil provincial rubricaron este jueves un convenio marco de colaboración recíproca con el objetivo de fortalecer la atención ciudadana y brindar asesoramiento en trámites vinculados a la identificación de las personas.

El acuerdo establece mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para facilitar gestiones como la obtención de partidas de nacimiento, matrimonio, uniones civiles, divorcio o defunción, así como otros servicios relacionados que forman parte de la demanda cotidiana de la ciudadanía.

La firma tuvo lugar en la sede Santa Fe de la Defensoría del Pueblo. Participaron el defensor del Pueblo, Arístides Lasarte, y el Adjunto para la zona norte, Estanislao Parreño. En representación del Registro Civil provincial estuvo su director, Sergio Duarte, acompañado por la asesora letrada del organismo, Agustina Estavole.

Lasarte destacó que este acuerdo permitirá a la Defensoría del Pueblo «fortalecer las herramientas para trabajar en un derecho tan importante como lo es el derecho a la identidad». Y agregó: «Tenemos el objetivo de estar cerca de la ciudadanía en el territorio. Y eso nos lleva muchas veces a detectar problemáticas que debemos abordar con otras instituciones del Estado, en este caso, el Registro Civil. Así que estamos muy contentos con el hecho de reforzar los canales de comunicación para poder brindar una atención más ágil y eficiente».

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Pullaro: “El desarrollo necesita un Estado más activo”

El gobernador de Santa Fe participó de la conferencia “Una Argentina productiva posible”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Conicet.

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Respaldó los debates nacionales sobre modernización laboral y reformas impositivas, y sostuvo que el Estado debe acompañar al sector productivo con infraestructura, estabilidad y mejores servicios. También destacó los avances logrados en seguridad, educación y gestión en la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó el miércoles por la tarde en Buenos Aires de la conferencia “Una Argentina productiva posible”, un encuentro organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política del Conicet. El objetivo del evento fue aportar al debate sobre estrategias de desarrollo, visibilizar un país productivo y elaborar diagnósticos sobre oportunidades y desafíos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible.

Pullaro expuso en el panel “Políticas públicas para el desarrollo productivo”, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario de Coordinación de la Producción de la Nación, Pablo Lavigne; el ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta; y el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Felicito a la UBA y a la Facultad de Ciencias Económicas por poder generar estos ámbitos tan importantes para el debate público en la República Argentina; debate que a veces está ausente desde la perspectiva política, pero también desde la perspectiva técnica”, inició Pullaro en su exposición. El mandatario describió la identidad productiva santafesina: “En nuestro caso, desde la provincia de Santa Fe, una provincia productiva por naturaleza, una provincia que representa el campo, pero también que tiene un complejo industrial muy importante, un entramado pyme de 7.000 pymes que mira el mercado externo, pero también el mercado interno”.

Aseguró que gobernar hoy significa “generar empleo, generar trabajo, generar crecimiento económico”, y que para ello “tiene que estar el mercado, pero también tiene que estar el Estado pudiendo acompañar con políticas públicas” que permitan una perspectiva de desarrollo.

El gobernador remarcó las inversiones provinciales en infraestructura, energía, logística, competitividad impositiva y educación. “Las políticas públicas del Gobierno Provincial tienen que ver con una inversión permanente en el entramado productivo, que nos permita una mejor infraestructura y mejores niveles de competitividad”, afirmó.

Además, destacó el rol de la ciencia y la tecnología: “El acompañamiento al sistema educativo, para que desde la ciencia y la tecnología se pueda generar valor agregado, hace que nuestro sistema productivo sea más competitivo”.

Debates necesarios

Pullaro respaldó los debates nacionales en curso: “Creo que hay debates que hay que dar en Argentina. Se viene un debate de modernización laboral que pretende integrar a una gran parte de las personas que están fuera del mercado”. Agregó que esa discusión “no puede hacerse sobre el costo que tiene una empresa o una industria” y que su gobierno tiene una “mirada pyme” sobre este punto, y que se deben considerar “las diferencias productivas y de costos de cada región”.

También se refirió al sistema impositivo: “Tenemos que discutir cuáles son los impuestos que tenemos que bajar y en función de qué variables lo hacemos”. En este punto, subrayó que las provincias hoy absorben nuevas responsabilidades: “Hoy no tenemos un conflicto social no sólo por la estabilidad macroeconómica, sino porque nosotros estamos volcando muchos más recursos en educación, transporte, políticas alimentarias, seguridad pública y sanitarias”.

Pullaro también puso en valor los resultados de su gestión en materia de seguridad, como ejemplo lo que el estado puede lograr cuando se gestiona con un plan: “En la ciudad de Rosario, hace dos años habíamos tenido 300 homicidios y el año pasado tuvimos 90, y este año vamos a andar en parámetros similares. Hace dos años teníamos 30 móviles; hoy tenemos 300. Hace dos años una persona llamaba y demoraba 19 minutos en llegar un móvil; ahora demora entre cinco y siete”.

En educación, destacó que “hace dos años habíamos tenido 145 días de clases y este año vamos a tener 185”, y que el ausentismo descendió de 32 % a 13 %. También recordó que la provincia redujo la planta de personal y recuperó niveles de inversión en infraestructura.

Finalmente, expresó su mirada de futuro: “El sector privado se ha adaptado a las diferentes políticas macroeconómicas. Es hora de que el Estado pueda acompañar con estabilidad a largo plazo, con reglas claras que nos permitan producir mejor”. Y concluyó: “Argentina sí tiene una oportunidad y va a estar mejor, pero necesita buenos gobiernos y estabilidad a largo plazo”.

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