El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) informó que reintegró $ 82.430.718 a afiliados que denunciaron el cobro indebido de plus en prestaciones médicas. Como se informara, las denuncias pueden realizarse incluso de manera anónima, a través de la aplicación oficial “Mi Iapos”, donde también se acreditan los reintegros mediante un monedero digital.

Según datos institucionales, entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 se registraron 6.431 denuncias en toda la provincia. A partir de las presentaciones realizadas por más de 2.300 afiliados, el organismo avanzó con los procesos de verificación y devolución correspondientes.

Los departamentos con mayor volumen de denuncias fueron Rosario (2.164) y La Capital (1.748), seguidos por General Obligado (313), San Lorenzo (255) y General López (147). Esta información permitió focalizar las tareas de control y fiscalización en las zonas con mayor incidencia.

Desde el organismo destacaron que los reintegros se concretan de manera directa y ágil a través del monedero digital incorporado en la app, una herramienta que simplifica los trámites y aporta mayor transparencia a la gestión.

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que Iapos realiza controles sobre un universo de más de 3.000 prestadores en todo el territorio provincial para evitar el cobro indebido de plus. “Más allá de los controles, la obra social asiste en primera instancia al afiliado que se vio obligado a pagar un adicional, devolviéndole el importe a través del monedero digital; posteriormente, se actúa sobre la institución o el profesional que incurrió en la práctica indebida”, señaló.

Defensa del afiliado
Desde la Dirección de Iapos subrayaron que se mantiene un diálogo permanente con prestadores y representantes del sector para acordar la remuneración de las prácticas médicas. En ese marco, remarcaron que el cobro de adicionales constituye una práctica indebida, lo que motivó la implementación de canales específicos de denuncia para proteger a los afiliados.

Asimismo, indicaron que desde el inicio de la actual gestión se incrementó un 426% el valor de la orden de consulta y se avanzó en su digitalización, lo que permite mejorar los controles sobre las prestaciones brindadas.

Monedero digital: herramienta para agilizar reintegros
En línea con el proceso de modernización, Iapos puso en funcionamiento el monedero digital dentro de la aplicación “Mi Iapos”. La herramienta, accesible desde el menú principal, permite acreditar reintegros de manera inmediata, reducir tiempos administrativos y utilizar el saldo disponible para la compra de bonos u órdenes de consulta.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones por personas identificadas como autores de las amenazas realizadas en establecimientos educativos del centro-norte santafesino, para cubrir los costos originados por los operativos policiales de aproximadamente 200 millones de pesos.

Al respecto, la subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, detalló que “por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, llevamos adelante una serie de intimaciones a los fines de perseguir el cobro y recupero de los costos de cada uno de  los operativos llevados a cabo ante las amenazas y conductas de riesgo en establecimientos escolares”.

El informe elevado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el día de hoy, identificó a 73 personas como responsables de amenazas. De ese número, el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones a “personas identificadas en el marco de 32 casos en el centro-norte. Aún no tenemos información de la Fiscalía Regional 2, que nos va a ir llegando desde el MPA a lo largo de los días”, indicó Diakaki.

A continuación, explicó que el procedimiento consiste en identificar “a los padres responsables, indistintamente de la edad de quienes cometieron estos actos. El ministerio va a hacer un trabajo independiente del MPA, porque es una acción patrimonial, que arranca como una acción administrativa relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos”; y sobre estos costos precisó que “van variando en cada caso concreto. Parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos, pero por la extensión geográfica o la cantidad de recursos pueden llegar a más de 11 millones de pesos”.

En este sentido, la funcionaria resaltó que “el Gobierno Provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad” ante las amenazas a escuelas: “Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos de los santafesinos y santafesinas”.

Trabajo conjunto
Por último, Diakaki señaló que el trabajo con el MPA fue “muy articulado, de manera conjunta desde el primer día, con la idea de esclarecer los hechos, que es la labor del MPA, y también recuperar el dinero de los santafesinos”.

Las identificaciones son el resultado de las investigaciones conjuntas que se llevaron a cabo con el MPA, el alcance de las medidas adoptadas, el encuadre legal de los hechos y el trabajo integral entre los organismos provinciales.

En el marco de las amenazas a escuelas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en el proceso de recuperación de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables. Según información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, ya hay 73 personas identificadas como responsables de amenazas, de las cuales el 95 % son menores.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que “el gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”.

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, finalizó Coudannes.

Números

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que se están individualizando e identificando a los autores de las amenazas en establecimientos educativos. Al 21 de abril se realizaron aproximadamente 404 denuncias en toda la Provincia, correspondiendo 75 a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 Fiscalía Regional Nº 2; 33 Fiscalía Regional Nº 3; 23 Fiscalía Regional Nº 4; y 35 Regional Nº 5.

Hasta entonces, en toda la Provincia se han realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22. Asimismo, se han identificado al menos 73 personas responsables, de las cuales 15 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 23 Fiscalía Regional Nº 2; 17 Fiscalía Regional Nº 3; 4 Fiscalía Regional Nº 4; y 14 Fiscalía Regional Nº 5. De todas las personas identificadas, aproximadamente el 95 % son personas menores de edad.