El senador Lisandro Enrico presentó ante la Comisión Bicameral de Acuerdos el pedido de sanción para un Fiscal de Rosario por haber permitido la salida de un peligroso delincuente a través de una prisión domiciliaria, mientras que paralelamente la Procuración de la Corte avanza en la investigación a dos Jueces por el mismo hecho.

Los cargos presentados por Enrico fueron contra el fiscal Adrián Spelta en un proceso disciplinario abierto por la Comisión Bicameral de acuerdos de la legislatura, y por otra parte, la Corte Suprema revisa fallos de los jueces Hernán Potsma y Gustavo Pérez Urrecha en el mismo caso en el que se autorizó la salida del penal donde dos imputados cumplían una medida de prisión preventiva.

De este modo, el senador provincial explicó que viene promoviendo una investigación hacia el fiscal de homicidios de Rosario, Adrián Spelta, por haber otorgado una prisión domiciliaria a un peligroso delincuente de la ciudad de Rosario, Emanuel “Pimpi” Sandoval, quien después fuera acribillado en ese mismo domicilio.

Contra la impunidad

No solamente el senador promueve la investigación por la actuación de Spelta, donde el legislador fue designado por la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura como “acusador” en los términos del proceso de investigación, por otra parte Enrico encabeza un fuerte reclamo contra todos los casos en los que jueces le otorgan a peligrosos delincuentes o personas que tienen que estar en cárceles, beneficios para estar en sus casas.

Al respecto, Enrico manifestó: “Nos preocupa esta situación que se da en la justicia santafesina. Estamos promoviendo a nivel de la Legislatura este procedimiento y siguiendo de cerca lo que la Corte Suprema realice sobre todas las conductas de juezas y jueces que, violando la ley en su letra y en su espíritu permiten que personas que deberían estar presas hoy estén en la calle. Directamente vinculamos esta clase de fallos judiciales con los momentos de inseguridad y de violencia que nos toca vivir en la provincia. Son situaciones de impunidad que atentan contra la seguridad de la población y disminuyen el nivel de vida que merecemos los santafesinos, porque muchos delincuentes que hoy deberían estar con privación de libertad – como lo establece la ley-, terminan siendo beneficiados por el criterio de jueces, juezas y fiscales”.

“Sin embargo, lo cuestionable no es la discrecionalidad que pueda tener un juez al momento de aplicar la ley, sino que algunos de los casos en los que estamos investigando, haya jueces de Cámara y de primera instancia y fiscales en las distintas Circunscripciones de toda la provincia de Santa Fe, donde hay un apartamiento directo de la ley, y eso es lo que enciende los mecanismos de sanción previstos por la ley. Es decir, ya no estamos evaluando el criterio que aplica un juez, sino que hay casos donde los magistrados directamente se apartan de la ley para permitir que un delincuente que tiene que estar preso quede en libertad”, explicó el senador.

Lisandro Enrico dejó en claro que este planteo lo hace enérgicamente porque fue el autor de una reforma que se aprobó en la Legislatura en el año 2017, la cual impactó sobre el artículo de la prisión domiciliaria. Antes se otorgaba usualmente, y a partir de aquella sesión, cuando por unanimidad se aprobó esa nueva ley que rige desde hace 3 años, se acotó el margen que tienen los jueces y fiscales para poder otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria. Según lo establece el Código Penal, son limitadas las razones por la cual una persona tiene que estar en prisión preventiva o cumpliendo la pena en su casa. Se concede ese beneficio cuando se trata de condenas a personas mayores de 70 años, madres con hijos de menos de 5 años, enfermedad terminal, etc.

Casos en General López

Mediante estas acciones de reclamos, Enrico apunta a que se analice la actuación de jueces, juezas y fiscales que dictaron beneficios de prisión domiciliaras o excarcelaciones en supuestos que no correspondían.

Al respecto, el senador expresó: “Puntualmente uno de los casos se dio hace poco en nuestra región, con el caso del imputado E.J.P. de Elortondo, una persona con una carga delictiva reconocida y comprobable, y sin embargo el juez de Cámara, Tomás Orso, otorgó el beneficio con la prisión domiciliaria alegando una afección a la salud agravada por la pandemia del coronavirus, con el agravante de que existía un informe médico que no justificaba la salida de la cárcel y haciendo constar que dos jueces de primera instancia ya habían rechazado la prisión domiciliaria porque no correspondía. Sin embargo el juez Orso le asignó ese beneficio y quedó en libertad”.

Por último, Enrico señaló: “Las prisiones domiciliarias otorgadas en Santa Fe son motivo de investigación justamente por haber sido distorsionadas en su aplicación en beneficio de los delincuentes cuando había una clara reforma hecha por la Legislatura para restringir estos supuestos que algunos operadores del sistema penal están incumpliendo”.