El Campo
Una entidad del campo le pidió al gobernador Pullaro por la delicada situación de un productor
Luego de que en los últimos días generara revuelo el caso del productor de Santa Fe Eduardo Bieler, multado en $379,8 millones por supuestamente incurrir en una infracción a la Ley de Bosques, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que preside Carlos Castagnani, le envió una nota al gobernador, Maximiliano Pullaro, para expresarle su preocupación por la situación del productor, que se dedica a la ganadería.
Como contó LA NACION, en 2020 Bieler, productor de Vera, en el norte provincial, realizó tareas de mantenimiento, picadas, poda sanitaria para eliminar selectivamente ramas muertas, dañadas, quebradas y débiles (limpieza de alambrados), que el Estado provincial calificó como un “desmonte ilegal” en la zona amarilla de protección. Intervino en su momento el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, se le dio intervención a la Justicia y tras un largo proceso el Estado provincial confirmó la sanción. Esto se inició durante la gestión del exgobernador Omar Perotti y se ratificó con la actual administración de Pullaro. Hace unos días, desde el gobierno de Santa Fe afirmaron a este medio que la multa fue aplicada siguiendo estrictamente la normativa nacional y provincial y que la sanción original, dictada en 2021, ya había sido ratificada en varias instancias anteriores.
En la nota a Pullaro CRA le remarcó al gobernador que la provincia inició un juicio de apremio mientras el productor ya tramitaba un recurso contencioso administrativo ante la Cámara de lo Contencioso de Santa Fe. Según le indicó la entidad, avanzar con ambos procesos en simultáneo “desnaturaliza el carácter suspensivo” que deberían tener estos casos hasta que la Justicia se exprese.
Para CRA, esto no solo afecta al productor involucrado, sino que erosiona la confianza del sector en los mecanismos de control estatal y en el debido proceso. Además, la organización fustigó el valor de la multa, que consideró “confiscatorio” y agregó que es incompatible con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en el caso de una sanción del Estado.
La entidad que preside Castagnani dijo en la nota que, si bien valora la relevancia de una política ambiental, las sanciones no deben poner en riesgo la continuidad de la empresa agropecuaria. En este marco, CRA le solicitó al gobernador Pullaro que instruya a los fiscales para suspender el juicio de apremio hasta que la Justicia resuelva. Consideró que ese ámbito debe abrir una instancia de diálogo técnico entre el Ministerio de Ambiente, las entidades rurales y el productor.
Fuente: Diario La Nación
