El Senado santafesino vuelve a la carga con la reforma de leyes penales provinciales

La cámara Alta santafesina debate por estas horas un paquete de seis leyes para dar batalla a la inseguridad. Entre ellas, se encuentra la iniciativa del senador Lisandro Enrico, que apunta a reformar el Código Procesal Penal de nuestra provincia, para mejorar el funcionamiento de las instituciones estatales en materia de investigación y juzgamiento de delitos.

Las normas, revisan entre otros aspectos el funcionamiento del sistema penal, el cual el legislador entiende que debe ser modificado. Se plantea entonces agilizar la detención de personas para que se establezca en 72 horas prorrogable por 24 más (es decir, de 3 a 4 días), mayor control y rigurosidad en las medidas alternativas a la prisión preventiva, flexibilizar el otorgamiento de las prisiones preventivas y revisar algunos obstáculos penales, agilizar el dictado de allanamientos, darle más facultades al querellante para poder intervenir en el proceso solicitando medidas cautelares personales, y la incorporación de reconocimiento fotográfico como una medida autónoma.

También, apunta a las apelaciones presentadas por los defensores para que no dejen sin efecto las resoluciones que establezcan la prisión preventiva hasta que se resuelva, la posibilidad de que los fiscales tomen medidas con la incautación de fondos cuando son delitos penales económicos, y la obligatoriedad de que los fiscales apliquen procedimientos de flagrancia en todos los casos que se den. Por otra parte, busca que se establezca aplicación de sanciones cuando haya incumplimiento de medidas alternativas a la prisión y destruir las armas secuestradas cuando al año nadie las reclame legítimamente.

“Es una necesidad urgente que tenemos en Santa Fe de revisar la legislación procesal penal para que esté a la altura de las circunstancias crudas que estamos viviendo. La inseguridad no se soluciona con el cambio de una ley, es un trabajo más profundo, que tiene una raíz social. Con esta ley, algunos casos de inseguridad e impunidad son evitables”, puntualizó.

Ley 13013

Enrico, explicó que se pretende modificar el artículo 3 de la ley 13013, que establece los principios y orientaciones básicas del trabajo de los fiscales y apuntar claramente a un mandato político criminal. Para el Senador, la Legislatura debe marcar el temperamento político criminal de los fiscales en torno a profundizar la función punitiva.

“Muchas veces hay criterios de los fiscales en cuanto al principio de objetividad, que los limita a que puedan reclamar en instancia penal con mayor profundidad. En este caso proponemos modificar el artículo 13 de la ley 13013, para dejar en claro que el fiscal debe llevar al mayor extremo posible la acción punitiva, resguardándola”, amplió.

Finalmente, remarcó: “Hay en nuestro sistema procesal penal una serie de disposiciones que de ser modificadas permitirían evitar situaciones de elusión de la justicia, y esto es lo que nosotros desde la Legislatura queremos. No podemos caer en la mirada limitada de pensar que las leyes duran 50 o 100 años. Las leyes penales tienen que entender la realidad de un país y las circunstancias, y sin dudas la sociedad argentina está reclamando lastimosamente medidas para prevenir la criminalidad y terminar con la impunidad”.

Las seis leyes