Se trata de una visión distinta frente al caso de muchos municipios, por ejemplo, que imponen restricciones al uso de agroquímicos que terminan sacando tierras productivas.
Lifschitz propone beneficios para quienes hacen una agricultura periurbana e incluso subir 100% el inmobiliario rural para quienes tengan lotes periurbanos ociosos.
«La idea es que en esos espacios se controle la urbanización, se promuevan usos productivos ecológicos, compatibles con el medio ambiente, fundamentalmente dedicados a la producción alimentaria», señaló el legislador.
La propuesta apunta, según dijo, a «garantizar un suelo vacante que no se urbanice» y que pueda «brindarle la posibilidad a las futuras generaciones de contar eventualmente con zonas verdes, con zonas libres alrededor de los cascos urbanos».
El proyecto denomina suelo periurbano a «la interfase entre el área rural y urbana». Precisa, en su artículo 4, que «es un suelo que soporta actividades agropecuarias de carácter sustentable, de servicios concomitantes a la producción sustentable de alimentos, así como también aquellas de aprovechamiento del valor paisajístico y patrimonial, de conservación de la biodiversidad y/o de la matriz biofísica e hídrica, en un marco de sustentabilidad socio-ambiental».
Después introduce el control al crecimiento urbano. «Establécese que el suelo periurbano no será incorporado, sea total o parcialmente, a procesos de urbanización u otro tipo de uso que no esté relacionado con las actividades agropecuarias o productivas conexas», señala.
El proyecto define agricultura periurbana como «aquellas actividades agropecuarias, de agregado de valor industrial y servicios concomitantes y actividades turísticas o recreativas condicionadas por el entorno urbano cumpliendo a su vez funciones ambientales, sociales, paisajísticas y culturales».
Después precisa que «que el modelo productivo a desarrollar en este tipo de suelo es la agricultura de orientación agroecológica, bregando por un modelo de intensificación ecológica de las prácticas productivas. Determínase que, la bioeconomía y aquellos servicios asociados a la misma serán parte de las actividades permitidas en el suelo periurbano toda vez que resulten enteramente compatibles con el modelo productivo estatuido en el párrafo anterior».
El legislador promueve un programa de desarrollo de esa agricultura, un fondo, beneficios impositivos, pero también una mayor carga, con una suba del 100% en el inmobiliario rural, para quienes tengan esos lotes periurbanos ociosos. También una baja para los que cumplan los requisitos de esa agricultura.
«Dispónese que los titulares de inmuebles con aptitud productiva, comprendidos en el Área Periurbana según lo establecido en el artículo 3 de la presente ley y que se encontraren ociosos por cualquier motivo, serán pasibles de un incremento del hasta el 100% del valor del impuesto inmobiliario rural», precisa.
Por otra parte, plantea: «Exímase a los titulares dominiales o locatarios de aquellos inmuebles productivos periurbanos que cumplimenten con los requisitos y tipos de prácticas productivas promovidas por la presente Ley, del pago del cien por ciento (100%) del monto anual del Impuesto Inmobiliario Rural. La Administración Provincial de Impuestos establecerá un mecanismo de reintegro o compensación para los contribuyentes que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, hayan hecho efectivo el pago del tributo mencionado».
Fuente: Diario La Nación