Aunque el perjuicio para el Estado es millonario, el delito que se juzgó no es la evasión sino la maniobra de reunión de personas para favorecerla.
La condena es la primera de este tipo en Córdoba; en el país hay una a tres años y medio en un juicio abreviado en Mar del Plata. En proceso oral es la única en la Argentina.
El condenado a siete años es Atilio Mengo, titular de las empresas FLG Agropecuaria SA, Soybeans SA, Cereales y Pasturas SRL y Oro Verde SA. También fueron sancionadas con cuatro años de prisión sus hijas, Francina y Luisina Mengo, como coautoras del delito y otras seis personas con participación en carácter de coautores o partícipes necesarios del mismo delito.
El fiscal Carlos Gonella había pedido ocho años de prisión para el empresario. En diálogo con LA NACION, explicó que Mengo compraba el cereal «en negro» a productores y, después, «reclutaba» a personas que convertía en monotributistas agropecuarios y a nombre de ellos eran los pagos de las exportadoras a las que le vendía el cereal.
Las maniobras datan de 2007. «Llegó a reclutar a 650 monotributistas en 10 provincias; les hacía el trámite y les ofrecía $150 o algún tipo de asistencia social. De esa manera les hacían firmar documentación en blanco para la comercialización de granos», describió Gonella.
Con ese esquema se conformaba un circuito marginal de la comercialización de cereales mediante la emisión de documentación apócrifa a nombre de esas personas, y el circuito se cerraba mediante el libramiento de cheques a nombre de ellas por parte de Francina Mengo, Luisina Mengo, Sebastián Barreiro y Sergio Bertoni, en su condición de presidentes y/o apoderados de las empresas del grupo.
El último eslabón de esta maniobra se daba a partir de la liquidación de esos cheques, para lo cual Atilio Mengo utilizaba los servicios de dos financieras de la ciudad de Córdoba. «Maximizaba sus ingresos porque compraba cereal más barato por ser en negro y después no pagaba el impuesto al cheque por los montos con que los que se confeccionaban», apuntó el fiscal.
Fuente: Gabriela Origlia – Diario La Nación