La provincia desbarata una organización que cometió estafas con inmuebles por mil millones de pesos

Este miércoles la Policía realizó 18 allanamientos que arrojaron 14 detenciones, ordenados por un fiscal de Venado Tuerto. La maniobra involucra 32 propiedades y 1000 hectáreas de campo.

La Policía de Investigaciones de la provincia (PDI) realizó este miércoles en forma simultánea 18 allanamientos en seis localidades de dos provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que arrojaron como resultado la detención de 14 personas, entre ellos profesionales como abogados, contadores y escribanos. Este jueves serán imputados de pertenecer a una asociación ilícita conformada para cometer estafas inmobiliarias por un valor estimado de mil millones de pesos.

En una conferencia de presa realizada este miércoles, el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, explicó que “se trata de un procedimiento inédito el poder desbaratar una organización criminal constituida durante años para llevar adelante maniobras ilegales en el sur de la provincia, por las que se apropiaron de 32 inmuebles y mil hectáreas de campo”.

“Hay una firme decisión del gobierno provincial de condenar a los delincuentes de guante blanco y de recuperar los bienes producto del delito”, subrayó el funcionario y aseguró que “estamos frente a una organización criminal que no es la típica organización a la que estamos acostumbrados, es sofisticada”.

“Muchas veces el peso de la ley cae solo sobre el ladrón de bicicleta, pero estas causas son las que tenemos que atacar. No es fácil investigar los delitos económicos y aquí se ha demostrado un enorme compromiso de parte de todo el equipo de la fiscalía y de la PDI, lo cual se nota en los resultados”, añadió Figueroa Escauriza.

“Se hicieron 18 allanamientos en seis localidades diferentes sin que se filtrara información”, destacó el funcionario y advirtió que “el Poder Ejecutivo queda a disposición para entregar toda la documentación que sea necesaria porque nos interesa que todos los santafesinos estén tranquilos. No puede ser que un ciudadano de avanzada edad sin herederos esté expuesto a que alguien venga y le saque el inmueble sin que se entere”, indicó Figueroa Escauriza.

Asimismo, el secretario de Gestión Pública de la provincia destacó la labor de la fiscal rosarina Natalia Benvenuto, así como el acompañamiento del fiscal regional Alejandro Sinóppoli y del fiscal general Jorge Baclini, al tiempo que anticipó que se evaluará en qué estado se encuentran los inmuebles y si hay alguien que los reclama; de lo contrario, serán derivados a la Agencia de Bienes Decomisados.

Por su parte, Figueroa Escauriza detalló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actuó en la investigación “colaborando, denunciando, aportando prueba”. En ese sentido contó: “Creamos dentro del Registro de la Propiedad una unidad especial de investigación y de alerta a profesionales en la que hacíamos un seguimiento de las escrituras de los escribanos de Venado Tuerto y Armstrong, para ver si tenían irregularidades y así fue que descubrimos escrituras que estaban firmadas por personas fallecidas”, reveló.

En ese marco, el subsecretario de Asuntos Registrales, Lisandro Martínez Gorostiaga, apuntó que “es relevante el abordaje económico del delito para poder recuperar los bienes y darles un destino. A esto lo hacemos también en otras causas desde el gobierno provincial. La idea es ir cortando el flujo más importante de cortar, que es el económico”.

Por su parte, el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, Matías Merlo, señaló que “la asociación trabajaba con lotes urbanos y rurales en la localidad de Venado Tuerto, cuyos titulares registrales no vivían o se trataba de personas de avanzada edad”.

“Este jueves serán imputados por el delito de asociación ilícita, estafa y falsificación de documento ya que tenían distintos roles y tareas. La idea es llevarlos a juicio y lograr condena. Agradecemos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque impulsaron esta investigación penal y aportaron pruebas a partir del cruzamiento de datos”, expresó el representante del MPA.

“Desde el MPA comenzamos a trabajar hace un año con la secretaría de Gestión Pública distintos hechos ilícitos que se fueron sucediendo en virtud de operaciones inmobiliarias en la región, donde había parámetros en común y se repetían determinadas personas. Eran operaciones sospechosas”, consignó Merlo.

“Además de las denuncias del Registro de la Propiedad hubo otras de particulares que se unificaron en una sola causa y en diciembre de 2017 se hicieron allanamientos. En ese momento teníamos 10 inmuebles bajo investigación pero con el material que secuestramos se fue ampliando la cuestión, se fueron desprendiendo nuevas causas en relación a la escrituración de lotes urbanos”, completó Merlo.

Este jueves se dará otro paso importante cuando en las audiencias imputativas la Justicia atribuya responsabilidades a los sospechosos.

LOS ALLANAMIENTOS
Producto de una investigación exhaustiva desplegada durante un año, que se dio en llamar “megaestafa inmobiliaria”, los allanamientos se concretaron en cinco localidades santafesinas -Armstrong, Venado Tuerto, Rosario, Villa Cañás y Las Rosas-, en otra bonaerense y en CABA, comandados por el comisario Bordón de la PDI.

En ese marco, fueron detenidos dos abogados, dos escribanos, un médico, un contador y un gestor, además de otras personas que trabajaban en los estudios profesionales o actuaban como prestanombres, detallaron las autoridades durante la conferencia.