La provincia denunció otro fraude inmobiliario y ya son 30 las propiedades involucradas

Desde que comenzaron las denuncias por cruzamiento de datos en el Registro General, se detectaron estafas por 500 millones de pesos.

El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, realizó una nueva denuncia penal por una estafa que se habría perpetrado a través de la venta del inmueble de una persona fallecida en 1987.

La reciente presentación se radicó ante la Fiscalía general la semana pasada y alude a un inmueble de 2607 metros cuadrados ubicado en la ciudad de Venado Tuerto. El mismo fue vendido el 18 de abril, según la escritura de compraventa suscripta por una escribana rosarina.

Sin embargo, quien figura como vendedor aduce haber adquirido la propiedad en diciembre de 2016 a un hombre que jamás pudo habérsela transferido porque murió en junio de 1987 y su cónyuge, en octubre de 2015. La operación de 2016 fue autorizada por un escribano de la localidad de Armstrong, según surge de la denuncia elevada por la provincia al Ministerio Público de la Acusación.

$ 500 MILLONES
Desde que comenzaron las denuncias por presuntas irregularidades, a raíz del entrecruzamiento de datos en el Registro General de la Propiedad, se estima que el fraude alcanza un volumen total de 500 millones de pesos y ya suman 30 las propiedades involucradas.

“Hemos detectado irregularidades en la venta de inmuebles, casas y campos de importante extensión y valor”, relató Figueroa Escauriza. “Como consecuencia de las denuncias penales que fuimos presentando de oficio se han producido allanamientos y otras medidas procesales; ahora esperamos que la justicia pueda avanzar cuanto antes en las respectivas imputaciones para evitar la impunidad”, exhortó el secretario.

“Desde el gobierno provincial tenemos la firme voluntad política de combatir la actividad ilícita en todos los frentes y modalidades, incluidos los llamados delitos de guante blanco. Hemos expresado esa predisposición mediante el acompañamiento de pruebas y poniendo información, documentación y otros registros a disposición de la justicia”, señaló Figueroa Escauriza.

“El gobernador Miguel Lifschitz nos ha encomendado la tarea de resguardar la seguridad jurídica de los inmuebles de todos los santafesinos y eso es lo que hacemos”.

En ese sentido, valoró “el proceso de modernización y digitalización que llevamos adelante en el Registro de la Propiedad, lo que nos permite conseguir rápidamente la información y proceder a realizar las investigaciones administrativas que nos corresponden como funcionarios públicos”.