La presión fiscal es uno de los motivos que encarecen el precio de productos básicos para la población

El relato de la guerra ha quedado atrás. Como a lo largo de casi un siglo la Argentina siempre va en sentido contrario al mundo, a pesar de que producimos calorías para más de 400 millones de habitantes, casi 10 veces de los requerimientos calóricos de nuestra población. La desconfianza, la falta de previsibilidad, el aumento de la presión fiscal y las políticas cortoplacistas implementadas atentan contra el bienestar de la población.

La presión fiscal asfixiante es uno de los motivos que encarecen la alimentación de los argentinos. Mientras otros países redujeron impuestos y se insertaron en un mundo más competitivo, nuestra política ha sido de cerrarse y aumentar la presión fiscal.

En el valor del precio del pan, en cada kilo que adquirimos más de 250 gramos corresponden a impuestos, nacionales, provinciales y tasas municipales. En el caso de la carne es aún peor, ya que casi alcanza los 300 gramos por kilo. Esta incidencia la podemos extrapolar al resto de los alimentos y es como tener sentado a la mesa de nuestra familia un integrante adicional que alimentamos.

Deberían reducirse los impuestos que recaen sobre las cadenas alimenticias en un 50%. En los nacionales como el IVA, los provinciales como Ingresos Brutos y tasas municipales que encarecen los productos alimenticios. De esta manera, se otorgaría mayor accesibilidad de los alimentos básicos a la población y sería un buen inicio para combatir la inflación.

A lo largo de la historia nos consta que el control de precios o programas diversos como Precios Justos no han dado los resultados esperados. Pero una reducción de la presión impositiva en todos los niveles gubernamentales podría impulsar una baja de los precios al consumidor y una mayor inversión. Un aumento de oferta ayudará a reducir la inflación que enfrentamos.

Con el nivel de pobreza e indigencia alcanzados, urge reducir el nivel inflacionario y, si bien este depende de diversos factores, como la emisión monetaria, falta de competencia e inversión, entre otros, la reducción de la presión fiscal sobre la cadena agroalimentaria sería un primer paso para comenzar con cambios estructurales que brinden previsibilidad y certidumbre.

Cadena del trigo

Con respecto a la cadena de trigo, en breve comenzarán las labores para la siembra, siempre y cuando los diversos perfiles edafológicos se encuentren cargados de la humedad suficiente para obtener la capacidad de campo óptima, con el objetivo de lograr una implantación aceptable, esperando que el desarrollo y madurez del cultivo reciba las precipitaciones necesarias.

La intención de siembra de los productores es alta a pesar de la elevada volatilidad de los precios y, si el clima acompaña, se podría aspirar a los 6 millones de hectáreas. La intención es alta y los recursos bajos al transitar la peor sequía de la historia. Con el agravante de medidas que encarecen y limitan las importaciones de los insumos estratégicos, como fue la eliminación de la eximición a los grandes importadores del impuesto a las ganancias e IVA, cuyo mayor costo se traslada a los fertilizantes, agroquímicos y tecnología de alta precisión.

La distribución regional del trigo es relevante tanto para abastecer a los molinos ubicados cercanos a las zonas productivas, como para lograr los diversos tipos del cereal, el trigo blando, medio, duro y candeal, debido a que con cada uno se producen distintos productos como las galletitas, tortas, fideos japoneses y chinos; harina, pan de molde y fideos.

La presión fiscal es agobiante. Recordemos que cada 100 pesos que genera el productor de trigo, la participación del Estado supera el 78%, además el valor del trigo se multiplica por 7.3 desde que sale del campo hasta que se convierte en pan y llega a la góndola.

Según FADA, de la totalidad de impuestos que aporta la cadena, el 78,7% son nacionales, 18,8% provinciales y 2,5% municipales. En particular el impuesto a Ganancias e IVA concentran el 70% de los impuestos pagados por la cadena.

Los productores trigueros, si el clima lo permite, invertirán más de 3300 millones de dólares en los insumos estratégicos para sembrar, fertilizar y proteger sus cultivos, minimizando los riesgos a través de seguros agrícolas. Esto con la esperanza de cosechar más de 18 millones de toneladas, lo que brindaría un saldo exportable considerable para obtener las tan ansiadas divisas.

Estamos en el momento adecuado para pensar en una reducción de los derechos de exportación en por lo menos un 25% para el trigo como un puntapié inicial hacia la eliminación progresiva de los mismos en los próximos años.

Esta señal podrá impulsar una mayor productividad con todos los beneficios que implica, como potenciar el efecto multiplicador de la economía, crear trabajo en todos los eslabones de la cadena triguera, compensándose el costo fiscal de la medida.

Es prioritario comenzar a transitar hacia un crecimiento sostenido. Para lograrlo se requieren medidas de largo plazo, con políticas de Estado que brinden previsibilidad y certidumbre. Es momento de comenzar a reposicionar a nuestro país como abastecedor confiable de alimentos y energía renovable a un mundo cada vez más exigente.

El autor es consultor en agronegocios

Fuente: Ernesto Ambrosetti – Diario La Nación