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Vicentin. Las condiciones de los bancos internacionales para reestructurar la deuda.

Los bancos internacionales acreedores de Vicentin por más de US$530 millones (casi el 40% de todo el pasivo) estarían dispuestos a una reestructuración de la deuda de la empresa, pero a cambio de que se cumplan tres condiciones que, según dicen fuentes de ese sector, la empresa no cumplió.

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Ese mismo grupo de entidades globales tampoco descarta, por otra parte, tomar una participación activa en la Justicia argentina que lleva adelante el concurso de acreedores de la compañía.

La Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial, FMO (Banco de Desarrollo del Estado holandés) ING, Rabobank Natixis y Crédit Agricole, son los bancos que le dieron préstamos a la cerealera argentina para que pudiera llevar adelante, por ejemplo, prefinanciación de exportaciones.

Los bancos ya verificaron la deuda tomada por la cerealera ante el juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores en Reconquista, Santa Fe.

Según contaron fuentes del grupo de bancos, las entidades tienen tres requisitos para la empresa. En primer lugar, que explique cómo se originó su crisis. En este punto, señalan que hasta julio pasado la empresa venía con una situación «sana» en lo financiero, sin señales de lo que podría venir después, es decir, un default. Los bancos dicen que la empresa no presentó su balance de 2019 y eso mismo ya reclamó el juez Lorenzini.

«Fue sorprendente el default, no lo explicaron bien», dijo una fuente señalando que falta información sobre cómo la firma llegó a ese estado. En rigor, los bancos quieren saber qué pasó desde julio de 2019 en adelante que explique la suerte final de la compañía. En esta línea, ya están ante la Justicia de Estados Unidos en un proceso denominado «discovery» que permitió ir obteniendo movimientos de transferencias de la empresa. Así, por ejemplo, ya supieron que giró US$400 millones a otras empresas de la cerealera mientras están poniendo la lupa en otros movimientos que sigilosamente se estudian desde EE.UU.

En los bancos internacionales no descartan algún requerimiento al juez argentino para obtener información que consideran valiosa para tratar de entender por qué se cayó la cerealera. «Lo estamos considerando, llegada la oportunidad vamos a pedir la información. No descartamos ninguna medida», indicaron.

En segundo término, en el comité de bancos piden que haya un cambio en el management de la compañía. «Para recuperar la compañía tiene que haber un nuevo management, profesionalizado, con experiencia en el sector», señalan.

En tercer lugar, entre los bancos internacionales destacan que debe haber un «ambiente propicio para nuevos jugadores», esto es inversores en la compañía. Obviamente que también puede influir sobre esto último el clima político económico en general.

Según dicen en los bancos, desde la empresa «nunca vinieron con una propuesta que cumpla con esos requisitos».

«Nunca recibimos una propuesta integral», insisten en los bancos internacionales, que sostienen que en el actual proceso tiene que haber un «trato equitativo» para todos los acreedores.

De los bancos internacionales, las acreencias que tienen a su favor se reparten así: US$273 millones de la Corporación Financiera Internacional (incluye al Crédit Agricole); US$150 millones del FMO; US$78 millones del ING; US$24 millones del Rabobank y US$10 millones de Natixis.

Fuente: Fernando Bertello – Diario La Nación

El Campo

El dólar para el productor de soja es de $594, pero para comprar insumos requiere $1010

La eliminación del Impuesto País y de los derechos de exportación son condiciones necesarias para que los precios relativos respondan a un mercado sin distorsiones; el retroceso del dólar exportador

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Se avizora un nuevo horizonte que despejará los nubarrones que a lo largo de la historia nos han sesgado el crecimiento sostenido. Los primeros pasos están dados, con la acertada y esperada eliminación de restricciones para exportar y paulatinamente para importar; con la esperanza de que las reservas del Banco Central (BCRA) se recompongan en la cantidad suficiente para poder acceder a dólar sin limitaciones y, de esta manera, aumentar la oferta y la competencia de insumos estratégicos para la cadena agroindustrial.

El sendero a recorrer es largo: hay piedras y baches relevantes en el camino, pero aceptar este desafío es primordial para propiciar un mejor futuro. Mientras avanzamos hacia la consolidación de los superávits gemelos, deberían eliminarse, aunque sea en forma progresiva, las alteraciones que crean los impuestos distorsivos, que atentan en contra de la eficiencia productiva y deterioran la competitividad.

Los precios relativos están distorsionados por diversos motivos y, si bien parte se irán acomodando a medida que el plan de estabilización avance, debemos tener en cuenta los factores que los alteran.

El Programa Incremento Exportador estableció a lo largo de su vigencia diferentes condiciones para corregir un dólar oficial artificialmente bajo durante el gobierno anterior. Hoy con la devaluación del 122% y una manifiesta tendencia a que los valores de los dólares financieros tiendan a unificarse con el oficial, este programa va camino a autoeliminación. Recordemos que el índice dólar exportación se conforma liquidando el 80% a través del Mercado Único Libre de Cambios [MULC] y 20% del valor del Contado con Liquidación, por lo tanto, a medida que los dólares financieros y el oficial tiendan igualarse, el incentivo del PIE desaparece, y el programa pierde sentido.

Este índice del dólar exportación alcanzó su máximo el 2 de febrero del presente año: se había ubicado en 919,45 pesos por dólar, contra un 888 actual. Esto significa que se redujo en un 3% aproximadamente. En el futuro, quizás no muy lejano y a pesar de que el crawling peg, se ha quedado corto con el 2% mensual, los diversos dólares se unificarán.

Además de las distorsiones que ha generado el dólar exportación por, el PIE, otro responsable es el dólar importación, cuyo valor se ubica en 860 más el Impuesto País, dando como resultado 1010 pesos por dólar. Este impuesto encarece los insumos estratégicos y la adquisición de tecnología de punta que aumentan la productividad.

Debe recordarse que, a diferencia de otros sectores de la economía, el agro es tomador de precios internacionales y locales. Por lo tanto, el productor no puede transferir el aumento de sus insumos a los precios, por ello cualquier aumento en sus costos disminuye o diluye su beneficio.

La eliminación del Impuesto País para importar y de los derechos de exportación son condiciones necesarias para que los precios relativos respondan a un mercado sin distorsiones. Estamos caminando hacia la unificación del valor del dólar, pero si se mantienen los impuestos distorsivos, cada cultivo, producto o sus derivados tendrán un valor diferenciado que disminuye la competitividad.

Es prioritario eliminar las distorsiones impositivas que alteran los precios relativos

Es obvio que los derechos de exportación modifican el valor del dólar por tonelada producida y vendida de todos los productores, independientemente de que su mercadería procesada o no, se destine a la exportación. Tal es el caso de la soja, que del valor del dólar exportación se descuenta un 33%, un 12% en el trigo y el maíz y un 9% en la carne, para dar solo algunos ejemplos.

El valor del dólar para un productor de soja es de 594 pesos, pero para comprar insumos requiere 1010 pesos por dólar, cerca de un 70% mas del valor del dólar que recibe. Por ello los derechos de exportación deben desaparecer.

Es prioritario eliminar las distorsiones impositivas que alteran los precios relativos. Debemos tener en cuenta que si los combustibles, las tarifas eléctricas y de gas, los servicios en general se ubican y ubicarán en valores internacionales, los productos que ofrecen los productores agropecuarios también deben estar a valores internacionales y hoy con los derechos de exportación se encuentran muy por debajo de los precios que reciben nuestros competidores.

Por ello es necesario anunciar un programa para la eliminación progresiva de estos impuestos distorsivos: el solo anuncio de su reducción creará nuevos incentivos a la inversión, que a su vez impulsará la producción y mejorará la productividad, dinamizando la economía para consolidar un superávit fiscal sin artilugios y un superávit comercial sostenible y creciente.

Nos adentramos en un escenario en el cual la libertad del mercado con sus fuerzas de oferta y demanda regirán los negocios, pero debemos caminar hacia la igualdad de condiciones con nuestros competidores, impulsando una mayor inversión, que a su vez creará empleo privado, arraigo y desarrollo sostenido.

Los empresarios agropecuarios vislumbran un renovado amanecer con clima de negocios más amigable para producir más y mejor. El sector agroindustrial es el que más invierte año tras año y anhela un acuerdo político que brinde seguridad jurídica a los cambios necesarios para impulsar su productividad. Mejorar la competitividad sistémica en todo nuestro territorio es una necesidad para todos los sectores productivos; tenemos la oportunidad histórica de lograrlo, no la desaprovechemos.

Fuente: Diario La Nación 

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El Campo

Provincia entregó créditos por más de $ 6 mil millones para activar la producción en Santa Fe

En una semana, se firmaron 138 créditos por $6.037.703.689 correspondiente a las diferentes líneas de financiamiento que presentó el Gobierno de Santa Fe en Expoagro para aportar al desarrollo de los productores agropecuarios.

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El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Gustavo Puccini al momento de visitar la muestra Expoagro.

Con el objetivo de potenciar la activación de la producción santafesina, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, otorgó 138 créditos por un total de $ 6.037.703.689. Se trata de una iniciativa presentada en Expoagro que, de acuerdo a lo explicado por el ministro Gustavo Puccini, “apunta a que productores santafesinos modernicen su equipamiento o mejoren su capacidad productiva. Tras la oficialización, tuvimos una muy buena recepción del sector y en menos de una semana gestionamos más de 130 créditos por una cifra millonaria. Tal como lo planteó el gobernador Maximiliano Pullaro, nuestro objetivo es dotar de recursos a los que apuestan por Santa Fe, que generan empleo en la provincia. Fomentando la inversión y el desarrollo vamos a hacer que Santa Fe sea la locomotora del cambio del país”.

En este sentido, cabe señalar que los créditos entregados que están vinculados a maquinaria representan el mayor volumen de solicitudes con un monto total de  $4.778.865.551; en tanto para el sector tambero y de la lechería, se aprobaron solicitudes por $615.357.568; además en relación a la línea que apostaba al desarrollo ganadero, el monto de pedidos fue de $643.480.570. Esto corresponde a la línea puesta en marcha en conjunto con el Nuevo Banco de Santa Fe. 

Articulaciones

Puccini destacó el trabajo conjunto con las entidades bancarias y remarcó que al no consumirse todo el monto destinado a financiación, las líneas continúan vigentes: “Les pedimos al Banco de Santa Fe y al Banco Municipal de Rosario que nos acompañen poniendo recursos para la producción y cumplieron. Tuvimos buena recepción en el marco de Expoagro y muchas consultas por fuera de la muestra, por eso decidimos que la líneas continúen disponibles. Tenemos el compromiso de activar la producción y trabajamos todos los días para eso”.

Luego, el ministro detalló la conformación de las propuestas crediticias: “los bancos pusieron a disposición más de 13 líneas y nosotros como Gobierno de la Provincia conseguimos convenios por más de $ 143.000 millones. Nosotros vamos a estar aportando 2.500 millones de pesos para el subsidio de tasa. Son líneas apostando a la producción. No tenemos ninguna duda de que estamos ofreciendo las mejores líneas del mercado. Fueron pensadas y gestionadas con una mirada integral: para que las empresas puedan invertir y reinvertir. Somos un gobierno que está, que acompaña, que valora al que produce y al que cree en Santa Fe, y esto se traduce en una fuerte apuesta del sector público al privado, que es el motor de nuestro desarrollo”, concluyó Puccini.

Los créditos

Tres de los préstamos generados desde Provincia están vinculados a la compra de maquinaria agrícola, al tambo y a la ganadería, y la provincia hace un aporte para bajar las tasas de interés. Además, hay ofertas acordadas con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Las líneas están orientadas en dos sentidos: por un lado que las empresas y productores puedan invertir para hacer crecer sus estructuras, y por el otro acceder a adelantos con tasas bajas para robustecer su capital de trabajo. El monto total que las entidades bancarias ponen en juego en acuerdo con el Ejecutivo santafesino asciende a casi 145 mil millones de pesos. Además de las tres líneas subsidiadas por el gobierno, las entidades presentaron otras 14 líneas también acordadas.

Por otra parte, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas aportan recursos para bajar 15 puntos más la tasa para Equipamiento Agropecuario en la línea que ofrece el Banco Santa Fe.

Financiamiento de CFI

El Gobierno provincial, a través de los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo, gestionaron programas con plazos de hasta 84 meses con montos de hasta $120.000.000 con la asistencia encuadrada en el Fondo de Garantía de Carácter Público. Estos préstamos puestos a disposición por el CFI tienen una tasa variable del 50% de la Tasa Activa de Cartera General para Créditos Diversos del BNA más dos puntos.

Para consultas, ingresar en: https://www.bancosantafe.com.ar/ (Banco de Santa Fe) y en https://www.bmros.com.ar/ (Banco Municipal).

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El Campo

El Gobierno de Milei excluyó de la nueva ley ómnibus temas calientes para el campo

Hasta fin de enero pasado, cuando se suprimió una decena de artículos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también se excluyó el Régimen Federal Pesquero.

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Con esta decisión quedaban, entre otros puntos, cinco temas ligados al sector agropecuario y que buscaban tratamiento en el Congreso de la Nación. Esta mañana, luego de conocerse la primera versión que envió la Casa Rosada a mandatarios provinciales y referentes legislativos, se supo que no había ningún aspecto para el campo. En la versión anterior estaban puntos sobre biocombustibles, carne y semillas.

La situación generó sorpresa no solo en el arco político que acompañaba -de alguna manera- algunos de estos proyectos que estaban establecidos en el proyecto de ley, sino también en el sector empresario del agro. Sin embargo, hubo otros puntos donde celebraron la decisión por el tiempo de discusión que ameritan.

En la última versión que había pasado a foja cero todavía figuraban en la lista la ley de biocombustibles, la Upov-91 [de propiedad intelectual en semillas], la ley de Manejo del Fuego, la privatización de Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTea), y el Régimen de Control Sanitario, de habilitación y funcionamiento para matarifes para carne, a cargo del Senasa.

“Todas esas cuestiones ameritan una discusión en otros términos”, precisaron en el despacho de un diputado. Además del borrador general, también comenzó a circular un proyecto de ley de medidas fiscales, pero sin mención a las retenciones. “Del agro no hay nada. Sacaron todo”, dijo un diputado de la UCR.

El INTea, una empresa pública de capitales mixtos, conformada mayoritariamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA] más entidades del agro, se iba a privatizar según el proyecto original. Sin embargo, ahora no está en la lista junto a otras empresas del Estado. Desde allí dijeron a LA NACION que estaban en conocimiento de la exclusión de la lista, pero de manera extraoficial. “Seguramente, seguiremos trabajando como lo venimos haciendo”, precisaron.

En el caso de los biocombustibles, cuyo proyecto busca la desregulación del mercado y el aumento en el corte, mencionaron que, en parte, les da tranquilidad que el tema no está en la agenda del borrador. “Para las pymes elaboradoras de biodiésel es una tranquilidad que el Poder Ejecutivo haya retirado el capítulo que reformaba la Ley de biocombustibles”, dijo Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, [Cepreb].

Hoy el gasoil se mezcla con un 7,5% de biodiésel y la nafta con 12% de etanol: 6% de caña de azúcar y 6% de maíz. A partir de la modificación de la ley se buscaba que en las mezclas en biodiésel el piso sea de 10% hasta llegar al 12,5% en 2026. Podía, en tanto, bajar hasta el 3% en ciertos casos.

En la propuesta de bioetanol se hablaba de un corte del 12%, además, otorgaba facultades a la Secretaría de Energía de aumentarlo del 12% al 15% a 2026. Y podía bajar hasta el 3% en el bioetanol de maíz en determinadas condiciones. Se eliminaban los cupos y los precios regulados: se permitía ingresar al abastecimiento interno a las grandes crushing de soja. Se abría un régimen licitatorio, uno para las grandes multinacionales y otro para el resto de las pymes.

“Tenemos una ley vigente que nos permite producir y es lo que estamos haciendo, con todas las plantas trabajando bien. Estamos dispuestos a conversar y a proponer ideas para mejorar la dinámica del sector. Sin dudas la agroindustria y la energía tienen muchísimo para aportar al país y nosotros tenemos una posición proactiva en ese escenario”, agregó Martelli.

El régimen de licitaciones que buscaba el gobierno era periódico y procuraba la igualación del uso de la capacidad instalada de ambos segmentos. En el biodiésel ninguna empresa podía tener más del 14% del mercado. El precio de las licitaciones no podía superar la paridad de importación, al precio de lo que resultaría si se traía del exterior.

“Llama poderosamente la atención la no inclusión en el borrador del proyecto de la ley de bases del capítulo de biocombustibles: la Argentina tiene una posibilidad excepcional de tener un mercado libre con competencia y con crecimiento en bioetanol y en biodiésel. No podemos perder esta posibilidad que en el resto del mundo se está haciendo. Instamos al Gobierno a que lo reintroduzca con una propuesta más agresiva de libre competencia”, dijeron desde la Cámara Argentina de Biocombustibles [Carbio].

Luis Picat, diputado cordobés por la UCR, mencionó que era sumamente importante el capítulo de los biocombustibles y la inversión que se consideraba, ya que se iba a tener una previsibilidad hacia adelante de cómo iba a ser la participación de los biocombustibles en el mercado. Destacó también que todo el capítulo de carnes, con un estatus sanitario federal y unificado y con mayor transparencia, quedó en el camino. “No solo ayudaba a combatir la parte desleal, desde el lado fiscal, sino que también elevaba el estatus sanitario, es decir, que elevaba la calidad sanitaria del producto final. Con todo lo que estamos viendo del síndrome urémico era sumamente importante unificarlo”, precisó.

Sobre la Upov-91, mencionó que tiene que haber un paso intermedio, como elevar los controles por parte de la Secretaría de Agricultura y del Instituto Nacional de Semillas [Inase]. Además, la ley contemplaba la promoción del empleo registrable, la desregulación económica y el Régimen de Grandes Inversiones [RIGI], donde la agroindustria va a tener muchas oportunidades para seguir creciendo a través de las nuevas inversiones en la actividad.

“Por lo menos el Gobierno no insistió en la suba de las retenciones, por el momento. Es sumamente importante que el Ministerio de Economía haya entendido que esto era muy perjudicial para la confianza y las nuevas inversiones”, afirmó.

Fuente: Diario La nación

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