Es sabido por todos, también por el actual Gobierno, que el sector agropecuario puede contribuir rápidamente al crecimiento y a la generación de divisas, junto con el sector energético y minero.

Los derechos de exportación limitan ese potencial productivo, restando rentabilidad especialmente en zonas más alejadas de los puertos o con capacidades agroecológicas más reducidas.

El área sembrada con cultivos anuales se ha expandido fuertemente cuando se eliminaron los derechos de exportación entre 1991 y 2001. También lo hizo en respuesta a los altos precios internacionales.

A pesar de las bajas recientes, los precios internacionales de la soja, el maíz y del trigo se ubican por encima de la media. Es probable una caída adicional del precio internacional si se concretan las expectativas de cosechas para esta campaña en el hemisferio norte.

Una vez que se produzca la unificación cambiaria y eliminación del Impuesto PAIS a la importación de insumos claves para la agricultura, será la reducción gradual de los derechos de exportación, hasta su eliminación definitiva, la media de gobierno de mayor impacto para promover una expansión de la producción agrícola y el ingreso de divisas.

Se podría plantear una reducción progresiva de los derechos de exportación, para que la baja de estos impuestos distorsivos acompañe el ritmo de la reducción de gasto público que está instrumentado el actual Gobierno.

Considerando solo los seis principales cultivos, una baja gradual podría promover un incremento de la producción de un 25%, pasando de 120 millones de toneladas esta campaña a 150 millones en la 2027/2028.

Esta evolución posible de la producción ha sido simulada asumiendo los precios internacionales actuales y un esquema de reducción gradual de los derechos de exportación, en forma pareja para todos los cultivos y en magnitudes acordes al punto de partida. En cereales se propone una reducción de tres puntos por año y en soja seis puntos el primer año y luego nueve puntos los próximos tres.

El ingreso de divisas por la exportación de los seis cultivos principales podría incrementarse en 10.000 millones de dólares por el crecimiento de la producción (a US$37.195 millones). La reducción de ingresos fiscales, en concepto de derechos de exportación, tendría una evolución temporal muy compatible con la esperada disminución del gasto. La recaudación por Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, a la largo de toda la cadena, por el incremento en 30 millones de toneladas de la producción, contribuirá también a mantener la meta de equilibrio fiscal.

Seguramente a muchos le podrá parecer un programa demasiado gradual, pero lo posible en este caso quizás sea mejor que lo ideal. El cambio de rumbo económico exige un esfuerzo por parte de toda la sociedad. El sector agropecuario ha contribuido siempre a sacar al país de situaciones difíciles. Hay luz al final del túnel.

Fuente: Diario La Nación 

Esta posible medida fue bien recibida en el sector exportador, donde creen que podría mejorar la eficiencia operativa del la red. Belgrano Cargas y Logística SA (Bcylsa) es una empresa creada en junio de 2013 con el propósito de consolidar las tres principales líneas de transporte de carga del país: la Línea Belgrano, San Martín y Urquiza.

Hasta ese momento, la Línea Belgrano estaba concesionada a la antigua Belgrano Cargas, establecida en los noventa y ya desaparecida. Por otro lado, las líneas San Martín y Urquiza se encontraban bajo concesión de ALL, una empresa brasileña. Esta concesión fue asumida por la nueva empresa Belgrano Cargas y Logística, creada a partir de la sanción de la ley 26.352.

La red ferroviaria atraviesa 17 provincias del noroeste y centro del país, desempeñando un papel fundamental en la logística del transporte de granos en la Argentina. Actualmente cuenta con 3978 kilómetros operativos, lo que representa el 52% de la red total, que abarca 7712 kilómetros. El año pasado se transportaron por estas vías aproximadamente 7,2 millones de toneladas de mercancías.

Esta firma es una de las empresas estatales incluidas en el anexo del nuevo proyecto de “ley Bases”. El Gobierno espera obtener la aprobación de los gobernadores y los bloques de diputados para la privatización parcial o total de estas empresas. Esta noticia fue celebrada por fuentes de la exportación consultadas por este medio.

Me parece que es positivo, especialmente teniendo en cuenta el importante déficit que genera el ferrocarril. Creo que sería beneficioso que haya un administrador privado”, indicó un operador del sector exportador. Destacó que el Belgrano Cargas es muy estratégico para la logística de una región muy importante y retrasada en el país. “Es una herramienta logística crítica. Por ello es fundamental evitar mayores erogaciones para todos”, agregó la misma fuente, subrayando la necesidad de garantizar la eficiencia operativa del tren, lo que, según comentaron, se podría lograr mediante su privatización.

En el sector consideraron dos opciones. Por un lado que se otorgue una concesión a un tercero, con la precaución de evitar que adquiera una posición dominante y desvíe su función principal de transporte, asegurando así un servicio accesible para todos y beneficiando a los productores. Por otro lado se mencionó una alternativa denominada Open Access, aprobada por ley, que permitiría a cualquier operador privado utilizar la infraestructura ferroviaria estatal mediante el pago de un canon. Esto evitaría la concentración de la concesión en una sola entidad y fomentaría la participación de varios operadores en la misma red, según explicaron.

También señalaron que, aunque ha mejorado su desempeño en los últimos años, aún sigue generando pérdidas para el Estado argentino. Destacaron que esta mejora se produjo después del acuerdo entre Cristina Kirchner y el exministro de Transporte, Florencio Randazzo, que atrajo inversiones chinas en obras y material ferroviario. “Gracias a estas inversiones, se pudo mejorar significativamente la infraestructura de una gran parte de la parte norte de la red ferroviaria del Belgrano”, dijeron.

“Esto mejoró la infraestructura de una parte importante de la red ferroviaria del Belgrano y permitió una mayor eficiencia en la operación. Sin embargo, sigue registrando pérdidas. Tiene una estructura pesada con demasiado personal. Privatizarlo implicaría una racionalización de esa estructura que actualmente, como muchas otras del Estado, tiene exceso de empleados e ineficiencias en la rotación de los trenes. Por lo tanto, está claro que se debe buscar su operación con eficiencia, y la privatización es la forma de lograrlo”, comentó la fuente consultada.

Una postura diferente manifestó, Claudio Molina, especialista en bioenergías y ferrocarriles, quien sostuvo que sería una empresa que se podría “salvar y seguir manejando el Estado”.

“Si la privatización se realiza no priorizando los intereses del país, va a fracasar. Lógicamente, el capital privado busca maximizar sus beneficios y va a tratar de operar en los corredores o ramales que le aseguren un tráfico compatible con una buena rentabilidad. A los ferrocarriles hay que verlos por el impacto en el desarrollo territorial y por la cuestión ambiental, que es un concepto mucho más complejo que el de la simple rentabilidad que mira el capital privado”, expresó.

“El privado va a necesitar que el Estado invierta en infraestructura y va a tratar de sacarle el mayor provecho a esa inversión de todos los argentinos pagando el menor peaje. Al ferrocarril no le podés aplicar contabilidad tradicional; hay que computar las externalidades positivas. Hay muchos elementos en la contabilidad que nos emiten impactos colaterales positivos. Entonces, Belgrano Cargas es una empresa que se podría salvar y que la siga manejando el Estado”, agregó.

Fuente: Diario La Nación

Los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezaron este jueves la conformación de la Mesa de Seguridad Rural con Entidades Productivas. La actividad se llevó a cabo en la Sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobernación en Rosario y participaron representantes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) y la Federación Agraria.

Luego del encuentro, Puccini precisó que “en esta primera reunión escuchamos las demandas que la seguridad rural tiene en todo el territorio de la provincia. Hicimos un diagnóstico de los departamentos y los delitos que se han cometido, sean de hurto, robos o abigeato”.

“Lo más importante -continuó-, fue que establecimos un protocolo de trabajo para comenzar a hacerlo en conjunto con las mesas de cada uno de los departamentos y conformar equipos que aborden el delito. Además, buscamos trabajar en conjunto con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y con los presidentes comunales e intendentes para reforzar y ayudar con los controles sanitarios”. 

El ministro de Desarrollo Productivo detalló que esta Mesa de Seguridad Rural “implica hacer un seguimiento mensual con datos. Por eso es muy importante que las denuncias se realicen y puedan ser esclarecidas”.   
 
En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, indicó que “retomamos el diálogo con las entidades rurales sobre la problemática de la inseguridad. Una situación que varía en toda la provincia debido a nuestra extensión y la situación de la policía de la seguridad rural Los Pumas”.

 Por otro lado, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, puntualizó que “fue un encuentro muy positivo para trabajar con cada una de las entidades y conformar una mesa de trabajo a nivel provincial. Pretendemos también replicar mesas a escala local, con actores locales, que estemos en permanente contacto. Tenemos un diagnóstico común sobre el delito rural. Ahora queremos hacer hincapié en el dato, por eso es muy importante que un productor que sufre un ilícito crea en el sistema y realice la denuncia”. 

Por último, Sara Gardiol, de Carsfe, explicó que “la seguridad rural es muy importante porque hace al arraigo de las familias, al desarrollo e incremento de la productividad y a la seguridad alimenticia que llega a toda la población”.