La mayor parte de los subsidios correspondieron al “Programa de Asistencia Alimentaria por Coronavirus”, el cual proporcionó más de 23.000 millones de dólares para compensar la caída de ingresos generada por el aislamiento obligatorio.

Además de pagos directos, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) realizó compras estatales para abastecer a diferentes programas sociales, uno de los cuales es el denominado “Cajas de Alimentos de Productores para Familias”, que distribuyó más de 100 millones de cajas de alimentos a personas necesitadas de diferentes regiones del país.

En segundo orden de ubicaron los subsidios otorgados por los diferentes programas de apoyo tradicionales del USDA, mientras que el tercer lugar lo ocupó el “Programa de Facilitación de Mercado” creado en 2018 por el entonces presidente Donald Trump con el propósito de compensar los perjuicios provocados por los bloqueos comerciales instrumentados por el gobierno chino.

“Las ayudas agropecuarias directas del gobierno para 2021 se pronostican en 25.300 millones de dólares, una cifra nominal 21.000 millones menor a la del año pasado, ya que se espera una menor asistencia complementaria y ad hoc para aliviar los desastres generados por la pandemia de Covid-19”, indicó un informe publicado hoy el USDA.

Gracias a esas ayudas, el ingreso total de los productores estadounidenses en 2020 fue estimado por el USDA en 136.200 millones de dólares, mientras que para el presente año se proyecta que el mismo sea del orden de 128.300 millones.

Sin embargo, se prevé que los ingresos de los productores de soja y maíz se incrementen de manera sustancial este año respecto de 2020, mientras que, en menor medida, también mejoraría la situación de las empresas ganaderas y porcinas.

“Cuando se combinan las producciones de soja y maíz, se pronostica este año que los ingresos por ambos productos aumentarán en 16.100 millones de dólares, lo que compensará por demás las disminuciones de facturación que se espera para los sectores frutihortícolas y algodón”, indicó el informe del USDA.

Fuente. Bichos de Campo

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Así lo definió un especialista. Es que si bien la resolución, que empezará a regir a partir de marzo, deroga el régimen existente para la actividad ganadera, no anula el registro de operaciones inmobiliarias vigente para los granos y semillas en curso de elaboración.

“Con este nuevo registro que entra en vigencia a partir del mes que viene, al contribuyente que es locador o arrendador de un contrato granario, se le suma un compromiso más sobre el ya existente”, señaló el tributarista Héctor Tristán. Y remarcó: “Son dos registros para una misma actividad, que lo único que genera es que los chacareros se vean obligados a ir a dos ventanillas distintas”.

“Es muy común que los funcionarios no reparen en normas que ya se encuentran vigentes. Desde el año 2006 existe un registro de operaciones inmobiliarias creado por la AFIP. A su vez, cuatro años después, en 2010, se creó un régimen de información, tanto de los inmuebles urbanos como de los rurales”, agregó.

En ese sentido, señaló el especialista, fue clave el surgimiento, en 2018, del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), que absorbió al anterior registro fiscal de tierras rurales explotadas (TIDE): “A partir de ahí, el SISA incluyó el módulo de superficie de actividad que cuenta con toda la información del registro. Allí figura todo lo que se sabe acerca de los predios que existen en el país, siempre que en ese campo se produzcan granos y semillas en proceso de elaboración, y es algo que no fue tenido en cuenta al momento de formular esta nueva resolución”.

Para Tristán, la medida es un “exceso de burocracia”, ya que considera que va en contra de lo que, a su entender, debería tener como objetivo todo Estado: la simplificación de los registros de información. “Yo supongo que, si son lógicos, tendrán que sacar una adecuación para darle vigencia a este registro que hoy ordena la ley y así tomar la información de los contratos granarios, como se determinó respecto de la ganadería”, apuntó.

Por su parte, el consultor Juan Manuel Barrero coincidió en que la nueva normativa “parece superponerse a otros regímenes informativos”. Y afirmó: “Los contratos de arrendamientos rurales (incluido las Carta Oferta) ya están informados en el SISA, ya que de otra manera el arrendatario no podrá justificar los rindes obtenidos y por consiguiente no va a poder solicitar las Cartas de Porte”.

La resolución, que fue informada a través de la Resolución General 4933/2021 del Boletín Oficial, comenzará a regir a partir del 1 de marzo y será para aquellos contratos que se hayan efectuado a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes. También incluyen a aquellos que se hayan concretado durante el tercer mes del año, y gozarán de un plazo excepcional para registrarlos hasta el 15 de abril de 2021 inclusive.

La norma afecta a los contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendadores en los contratos, que, a partir de ahora, quedan obligados a inscribirlos. Los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) podrán hacer el registro en representación de sus clientes.

Fuente: Pedro Lacour – Diario La Nación

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“No va a haber incremento de retenciones, no va haber intervención en los mercados”, señaló Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al salir del encuentro con el jefe de Estado. Otros ruralistas dijeron exactamente lo mismo tras la reunión de manera pública. Fue Chemes quien buscó la respuesta por el futuro de los derechos de exportación tras preguntarle al mandatario.

Mientras las miradas están puestas en lo que dejó la reunión en Casa Rosada, también están esperando por las reuniones o convocatorias donde, según trascendió, serán incluidos los dirigentes para hablar de aspectos más vinculados con las cadenas. Los ruralistas insistieron en que el campo no es responsable de la suba de los precios de los alimentos con el argumento de la baja incidencia de los granos sobre los productos finales.

La otra cosa que remarcan es que, frente al discurso oficial de desacoplar los precios internos de los internacionales, lo que reciben los productores a causa de las retenciones y el cepo cambiario es mucho menos que el valor internacional.

Un trabajo que la Sociedad Rural Argentina (SRA) preparó para la reunión con Alberto Fernández así lo refleja. Según la entidad, considerando el tipo de cambio oficial al productor le queda entre el 60 y el 80% del valor internacional. En tanto, tomando en cuenta el cambio al dólar MEP estos porcentajes bajan a entre el 35 y el 47%.

En soja, según el reporte, sobre un FOB de US$556 por tonelada al productor le quedan luego de las retenciones US$331 por tonelada, una diferencia de 225 dólares por tonelada. El productor, dice el trabajo, en soja recibe el 60% del precio internacional considerando el dólar oficial.

En trigo, con un FOB considerado de 273 dólares por tonelada, después de los derechos de exportación al productor le quedan US$216 por tonelada. En este ejemplo, accede al 79% del valor internacional.

En cuanto al caso del maíz, sobre un FOB de US$255 por tonelada, aquí descontadas las retenciones, y siempre con el cambio oficial, el número que queda es de US$205. El productor percibe del precio internacional el 80%.

Sin embargo, los números son todavía mucho más bajos evaluando la situación con el dólar MEP.

En soja, en dólares MEP al productor le quedan el equivalente a US$192 por tonelada, un 35% del valor internacional. En trigo, son US$125 o un 46% del precio internacional, de acuerdo al trabajo de la Rural. Por otra parte, en maíz, analizando con el MEP cobra el equivalente a US$118,8, el 47% del precio internacional.

“Los productores no somos formadores de precios: los productos que vendemos los productores son commodities y, por tanto, los precios se forman a partir de la concurrencia de la oferta y demanda internacional”, señala el trabajo.

Según precisa el informe, en el caso del trigo la incidencia del grano en el precio al consumidor del pan “rondó históricamente el 10%” y actualmente está en 13,1%.

“Las retenciones no descomprimen los precios de los alimentos. La única garantía para tener precios de los alimentos competitivos es con una oferta pujante”, remarca. “Para garantizar el acceso a los alimentos de los más vulnerables se sugiere impulsar políticas focalizadas e individualizadas”, agrega.

En la entidad destacan que “las retenciones afectan en el mediano y largo plazo las expectativas de los productores, por tanto se genera una contracción de la oferta que termina aumentando los precios relativos. Esto fue lo que se vio con el trigo, la carne y la leche durante los años 2007-2015”.

Fuente: Fernando Bertello – Diario La Nación

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