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La provincia desbarata una organización que cometió estafas con inmuebles por mil millones de pesos

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Este miércoles la Policía realizó 18 allanamientos que arrojaron 14 detenciones, ordenados por un fiscal de Venado Tuerto. La maniobra involucra 32 propiedades y 1000 hectáreas de campo.

La Policía de Investigaciones de la provincia (PDI) realizó este miércoles en forma simultánea 18 allanamientos en seis localidades de dos provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que arrojaron como resultado la detención de 14 personas, entre ellos profesionales como abogados, contadores y escribanos. Este jueves serán imputados de pertenecer a una asociación ilícita conformada para cometer estafas inmobiliarias por un valor estimado de mil millones de pesos.

En una conferencia de presa realizada este miércoles, el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, explicó que “se trata de un procedimiento inédito el poder desbaratar una organización criminal constituida durante años para llevar adelante maniobras ilegales en el sur de la provincia, por las que se apropiaron de 32 inmuebles y mil hectáreas de campo”.

“Hay una firme decisión del gobierno provincial de condenar a los delincuentes de guante blanco y de recuperar los bienes producto del delito”, subrayó el funcionario y aseguró que “estamos frente a una organización criminal que no es la típica organización a la que estamos acostumbrados, es sofisticada”.

“Muchas veces el peso de la ley cae solo sobre el ladrón de bicicleta, pero estas causas son las que tenemos que atacar. No es fácil investigar los delitos económicos y aquí se ha demostrado un enorme compromiso de parte de todo el equipo de la fiscalía y de la PDI, lo cual se nota en los resultados”, añadió Figueroa Escauriza.

“Se hicieron 18 allanamientos en seis localidades diferentes sin que se filtrara información”, destacó el funcionario y advirtió que “el Poder Ejecutivo queda a disposición para entregar toda la documentación que sea necesaria porque nos interesa que todos los santafesinos estén tranquilos. No puede ser que un ciudadano de avanzada edad sin herederos esté expuesto a que alguien venga y le saque el inmueble sin que se entere”, indicó Figueroa Escauriza.

Asimismo, el secretario de Gestión Pública de la provincia destacó la labor de la fiscal rosarina Natalia Benvenuto, así como el acompañamiento del fiscal regional Alejandro Sinóppoli y del fiscal general Jorge Baclini, al tiempo que anticipó que se evaluará en qué estado se encuentran los inmuebles y si hay alguien que los reclama; de lo contrario, serán derivados a la Agencia de Bienes Decomisados.

Por su parte, Figueroa Escauriza detalló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actuó en la investigación “colaborando, denunciando, aportando prueba”. En ese sentido contó: “Creamos dentro del Registro de la Propiedad una unidad especial de investigación y de alerta a profesionales en la que hacíamos un seguimiento de las escrituras de los escribanos de Venado Tuerto y Armstrong, para ver si tenían irregularidades y así fue que descubrimos escrituras que estaban firmadas por personas fallecidas”, reveló.

En ese marco, el subsecretario de Asuntos Registrales, Lisandro Martínez Gorostiaga, apuntó que “es relevante el abordaje económico del delito para poder recuperar los bienes y darles un destino. A esto lo hacemos también en otras causas desde el gobierno provincial. La idea es ir cortando el flujo más importante de cortar, que es el económico”.

Por su parte, el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, Matías Merlo, señaló que “la asociación trabajaba con lotes urbanos y rurales en la localidad de Venado Tuerto, cuyos titulares registrales no vivían o se trataba de personas de avanzada edad”.

“Este jueves serán imputados por el delito de asociación ilícita, estafa y falsificación de documento ya que tenían distintos roles y tareas. La idea es llevarlos a juicio y lograr condena. Agradecemos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque impulsaron esta investigación penal y aportaron pruebas a partir del cruzamiento de datos”, expresó el representante del MPA.

“Desde el MPA comenzamos a trabajar hace un año con la secretaría de Gestión Pública distintos hechos ilícitos que se fueron sucediendo en virtud de operaciones inmobiliarias en la región, donde había parámetros en común y se repetían determinadas personas. Eran operaciones sospechosas”, consignó Merlo.

“Además de las denuncias del Registro de la Propiedad hubo otras de particulares que se unificaron en una sola causa y en diciembre de 2017 se hicieron allanamientos. En ese momento teníamos 10 inmuebles bajo investigación pero con el material que secuestramos se fue ampliando la cuestión, se fueron desprendiendo nuevas causas en relación a la escrituración de lotes urbanos”, completó Merlo.

Este jueves se dará otro paso importante cuando en las audiencias imputativas la Justicia atribuya responsabilidades a los sospechosos.

LOS ALLANAMIENTOS
Producto de una investigación exhaustiva desplegada durante un año, que se dio en llamar “megaestafa inmobiliaria”, los allanamientos se concretaron en cinco localidades santafesinas -Armstrong, Venado Tuerto, Rosario, Villa Cañás y Las Rosas-, en otra bonaerense y en CABA, comandados por el comisario Bordón de la PDI.

En ese marco, fueron detenidos dos abogados, dos escribanos, un médico, un contador y un gestor, además de otras personas que trabajaban en los estudios profesionales o actuaban como prestanombres, detallaron las autoridades durante la conferencia.

Regionales

Condenaron a 19 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja y de una amiga de su hija en el sur provincial

Tiene 49 años y cometió los ilícitos cuando las víctimas eran menores de edad. La sentencia fue ordenada en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de Venado Tuerto.

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La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate es María Florencia Schiappa Pietra. La identidad del condenado no se informa para evitar revictimizar a las víctimas, una de las cuales es de su entorno familiar.

                Un hombre de 49 años cuyas iniciales son RMD fue condenado a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja y de una amiga de su hija en el sur de la provincia. Los ilícitos fueron cometidos cuando las víctimas eran menores de edad.

                La sentencia fue ordenada por un tribunal integrado por los jueces Adrián Godoy (presidente), Lorena Garini y Aldo Baravalle, en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de Venado Tuerto.

                La fiscal que representó al MPA en el debate es María Florencia Schiappa Pietra. Tras conocer el veredicto, la funcionaria valoró que «se impuso un monto de pena cercano al que solicitamos en la acusación» y recordó que «el agresor transitó el proceso judicial en prisión preventiva».

En cuanto a los hechos delictivos, Schiappa Pietra remarcó que «el hombre de 49 años llevó adelante sus conductas ilícitas en perjuicio de personas triplemente vulnerables, dado que por entonces eran niñas, mujeres y víctimas de abuso sexual infantil». Según mencionó, «además de atentar contra la integridad física de ambas, a una de ellas la hostigó mediante prácticas de grooming».

Los hechos

                «La hija de la pareja del condenado sufrió abusos por parte de él desde que iba al jardín de infantes hasta la época en la que transitaba la escuela secundaria», aseveró la fiscal. «Durante 11 años, la agredió sexualmente en momentos en los que se quedaron a solas en domicilios en los que convivieron con otros integrantes de su familia, en Murphy y Venado Tuerto (ambas localidades, del departamento General López)», precisó.

                Por otra parte, Schiappa Pietra refirió que «en el inmueble venadense, el condenado vulneró a la otra víctima en reiteradas oportunidades entre 2020 y 2021, cuando ella cursaba el último tramo de la primaria». Al respecto, puntualizó que «en varias ocasiones, los ilícitos cesaron gracias a que la hija del condenado –también menor de edad– intervino para defender a su amiga». Según señaló, «el hombre de 49 años también cometió estos abusos en dos supermercados».

                En cuanto al ciberacoso, la representante del MPA especificó que «a través de WhatsApp, el condenado le envió mensajes de texto de índole sexual a la hija de su amiga». Añadió que «en sus comunicaciones, insistió en su interés en mantener una relación de pareja ‘secreta’ con la pequeña».

Investigación

                La fiscal destacó que «la niña que fue víctima de los abusos y de grooming pudo contarle lo sucedido a sus familiares, quienes radicaron la denuncia que originó la investigación». En tal sentido, resaltó que «a raíz de amenazas telefónicas que empezó a sufrir, la hija de la pareja del hombre condenado también pudo relatar los abusos a los que fue sometida durante su infancia y parte de su adolescencia», y añadió que «no había dicho nada antes por temor a que su madre y sus hermanos sufrieran represalias».  

Calificación penal

                La condena fue impuesta por la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado (por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años y por haber estado encargado de su guarda y educación); abuso sexual gravemente ultrajante y grooming.

                Por otro lado, fue absuelto por los delitos de amenazas coactivas, amenazas simples y corrupción de menores que le había atribuido la Fiscalía.

Identidad

                No se brinda el nombre y apellido del condenado para evitar la revictimización de las víctimas, una de las cuales es del entorno familiar del abusador.

Fuente: Oficina de Prensa y Difusión MPA

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Situación en Casilda

Ha tomado estado público la detención de un miembro del Sindicato de trabajadores municipales de Casilda, organización de 1° grado adherida a esta Federación.

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Imagen ilustrativa

Desde FESTRAM hemos puesto a disposición las áreas con incumbencia en la materia a los fines de atender y asistir las necesidades que pueda estar transitando la denunciante quien también resulta ser una compañera trabajadora municipal.

Entendemos que no debemos aventurar opiniones ni juicios, fundamentalmente porque existen derechos y garantías en juego. Será la Justicia la que deberá establecer certezas sobre la situación.

La Federación será respetuosa de las decisiones que el Sindicato de Casilda adopte en base a sus estatutos y conforme lo decidan sus órganos internos.

Prensa FESTRAM

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Salió de la comisaría y a las pocas horas volvió a ser detenido

Anoche personal de la comisaría 15° de la localidad de San Gregorio en conjunto con otras dependencias y por orden del fiscal llevaron a cabo un allanamiento donde se secuestraron varias municiones.

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Tras un incidente en la vía pública protagonizado por un hombre de 49 años y un inspector de tránsito, en el que el hombre terminó detenido por resistencia a la autoridad, esté momentos más tarde se presenta en la casa del inspector para amenazar y hace referencias de que en su camioneta posee armas de fuego.

Se libró orden judicial de allanamiento, resultando negativo en armas de fuego pero positivo en municiones, procediéndose al secuestro.

En cuanto al acusado fue detenido  e imputado por las causas de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas y tenencia indebida de municiones.

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