“No estoy en contra de la baja de retenciones”, aclaró el consultor ganadero Juan Elizalde antes de arrancar su explicación. El especialista que disertó en el Congreso Ganadero de Rosario explicó que la eliminación de los derechos de exportación no va a ser la solución a todos los problemas de la ganadería.

“Creo que el impacto de las retenciones va a ser muy marginal, en cuanto a cambiar el incentivo a la producción y en cambiarle la vida a los pueblos. Va a ser muy bajo”, explicó.

Este argumentó lo utilizó a la hora de explicar por qué los números de la ganadería no cambiaron desde 2001 hasta hoy. En cuanto a la producción de carne por hectárea al año, se mantuvo en los mismos valores por más de 20 años.

La presentación de Elizalde mostró que en el promedio de los productores este valor ronda en 103 kilos, mientras que en grupos CREA o Cambio Rural, el número llega a 165. Hay una brecha productiva de hasta un 70 %, pero en ambos casos ninguno mejora.

De esta manera, sostuvo que no hubo campos que aumenten su producción, y si hubo fueron tan poco que no movieron la media. La pregunta fue por qué producen lo mismo, a lo que respondió: “No se sienten desafiados a un nuevo cambio tecnológico. A lo mejor son campos que pasaron del 60 % al 70 % de destete o del 75 % al 85 % y no lo ven mal.  Es un perfil muy cómodo y no se animan a aumentar el resultado”.

En este punto, Elizalde sostuvo que no es una cuestión de mayor rentabilidad económica, sino de desafío. Por este motivo, cree que la eliminación de las retenciones no va a generar un cambio disruptivo, sino que el salto debe llegar por el desafío.

“Hay un grupo de gente que le interesa mucho aumentar la producción y otra mayoría que está muy cómoda haciendo lo que hace”, mencionó y citó un ejemplo para mostrar que, en lugar de mejorar su calidad de vida, baja el nivel.

“Vas a los pueblos ganaderos y te das cuenta de que el pueblo es agrícola o ganadero. En los pueblos ganaderos querés buscar un restaurante y no hay. Si el nivel de gasto es bajo, nadie pone un restaurante o un cine porque la población está acostumbrada o conformada a vivir con lo que tiene”, citó a modo de ejemplo.

“Todo el mundo dice, ‘el día que no tengamos retención esto se va a cambiar todo, va a cambiar el mundo’. Estoy a favor de la baja, pero yo creo que el impacto de las retenciones va a ser muy marginal, en cambiar el incentivo a la producción, en cambiarle la vida a los pueblos, va a ser muy bajo”, explicó Elizalde.

Por este motivo, sostuvo que se debe cambiar la convicción de hacerlo. Esto puede darse a través de un cambio generacional o tecnológico. “A la ganadería la veo muy quieta haciendo lo que hace y no creo que cambie por las condiciones, sino por las situaciones que realicen”, concluyó.

Fuente: Agrofy News

En un contexto de alta incertidumbre política y económica, el Congreso Ganadero Rosario celebró su 12ª edición bajo el lema “Desafío 2030: Más kilos de carne”, convocando a referentes clave del sector agropecuario nacional en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, con transmisión en directo por YouTube.

El evento, organizado por la Sociedad Rural de Rosario, se consolidó una vez más como un espacio clave para analizar los desafíos de la producción de carne en Argentina, entre vaivenes climáticos, presión impositiva, problemas de infraestructura y un mercado que no termina de brindar previsibilidad.

Soledad Aramendi: Ganadería como federalismo real

La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, fue una de las voces protagonistas del congreso. Con la experiencia de haber estado al frente de la organización desde sus inicios, remarcó el valor de haber sostenido durante más de una década este espacio de intercambio y reflexión, incluso en los momentos más difíciles, como cuando el país atravesaba restricciones a las exportaciones de carne.

Aramendi insistió en la necesidad de ver a la ganadería no sólo como una actividad económica, sino como una herramienta de arraigo territorial y desarrollo federal. Considera que hay una distancia importante entre los discursos sobre federalismo y la realidad productiva del interior del país. Mientras los precios pueden haber mostrado cierta recuperación, los costos siguen asfixiando a los productores, y la rentabilidad es cada vez más estrecha.

“Creemos en la ganadería porque es arraigo, porque es el federalismo real, un federalismo absolutamente postergado, nada más que teórico.”

En su análisis, la competitividad está fuertemente condicionada por factores estructurales como la presión impositiva, la falta de caminos rurales y la ausencia de infraestructura básica que permita mover hacienda o asegurar alimentación. A eso se suma una creciente importación de carne, que paradójicamente comienza a competir con la producción local.

Para Aramendi, los productores siguen firmes, pero necesitan señales claras. El Congreso, sostiene, es una forma de acompañar esa resiliencia, poniendo sobre la mesa los problemas del día a día y buscando soluciones en red, con el aporte de técnicos, instituciones y experiencias de todo el país.

Alejandro Longo: El INTA en riesgo y la necesidad de ser parte del cambio

Desde el INTA, Alejandro Longo aportó una mirada institucional, enfocada en los riesgos que enfrenta el organismo ante posibles reformas legislativas. Explicó que se encuentra en suspenso la publicación de un decreto que modificaría su ley de creación, poniendo en duda la continuidad de su autarquía y transformando su estructura de gobernanza.

Para Longo, estos cambios no son menores. La posible pérdida de autonomía impactaría directamente en la toma de decisiones y en la agilidad del INTA para sostener su trabajo territorial. A esto se suma la preocupación por la posible modificación del Consejo Directivo, que es el corazón del modelo participativo que distingue al organismo.

“Queremos ser parte de la reestructuración y de esos cambios.”

Lejos de una postura corporativa, el director del INTA Santa Fe reconoció que el organismo necesita adaptaciones y reformas, pero planteó con claridad que esas transformaciones deben hacerse con participación de quienes lo integran. El respaldo espontáneo que recibió la institución en los últimos días —por parte de rurales, universidades y organizaciones del agro— es, para él, un síntoma del valor que el INTA tiene como espacio de articulación público-privado.

Longo remarcó también la importancia del entramado regional, donde el INTA no opera en soledad, sino como parte de un ecosistema técnico-productivo con fuerte presencia territorial y legitimidad construida en base al trabajo constante.

Graciela Cappelletti, productora ganadera del sur de Santa Fe, llegó al congreso con la misma expectativa de siempre: actualizarse, vincularse y fortalecer su trabajo diario. Con una producción basada en ciclo completo pastoril y 120 madres, conoce de cerca los desafíos de sostener una actividad que muchas veces se realiza en condiciones adversas, pero con gran compromiso.

Para ella, el congreso representa un espacio de aprendizaje y, a la vez, de celebración de una actividad que la apasiona. En cada edición encuentra nuevos aportes para mejorar sus indicadores productivos y tomar decisiones más informadas.

“Soy fan de la ganadería, de las vacas, y estamos acá para seguir aprendiendo.”

Cappelletti destacó el nivel técnico del evento y valoró especialmente las presentaciones vinculadas al INTA, en particular las reflexiones sobre la necesidad de defender su rol estratégico en el desarrollo ganadero. Cree firmemente en la importancia de tener una referencia tecnológica nacional, con capacidad de generar conocimiento y transferirlo a los productores.

Más allá de lo técnico, Graciela puso el foco en el vínculo humano que se genera entre colegas, la posibilidad de intercambiar experiencias y la necesidad de contar con políticas públicas que acompañen con hechos a quienes siguen apostando por la ganadería en un país cada vez más complejo.

Fuente: Los Agusti

“Probablemente la semana que viene”, “hasta hoy se sigue trabajando”, “no tenemos fecha”. En un momento donde el INTA se encuentra como uno de los temas relevantes de la agenda pública, porque el Gobierno busca introducir reformas, según ya trascendió hace varios meses, en los despachos oficiales no brindan certeza cuándo verá la luz el supuesto decreto con cambios en la gobernanza y en la autarquía del organismo, entre otros puntos. Esta demora hace sospechar a algunos actores si realmente habrá modificaciones, en especial luego de las fuertes críticas de las últimas semanas que incluso llegaron desde gobernadores.

El INTA se creó por el decreto ley 21.680 de 1956 del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Se lo constituyó como un ente autárquico con diversas fuentes de financiamiento. En ese momento, con el uno y medio por ciento “ad-valorem” de los productos y subproductos de la agricultura y ganadería que se exportaban; aportes de gobiernos provinciales; la producción de sus campos y, entre otras fuentes de ingresos, “los saldos no comprometidos al fin de cada ejercicio”. Hoy, en tanto, se financia, entre otros recursos, con el 0,45% del valor CIF de las importaciones. Y por presupuesto le corresponden casi $230.000 millones.

El organismo posee un Consejo Directivo que es el máximo órgano de conducción. Tiene 10 sillas: cinco por el sector privado de las entidades del agro [Coninagro, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola] y cinco por el sector público [un representante de la Secretaría de Agricultura, el presidente del INTA, el vicepresidente del ente y dos miembros más, por las facultades de agronomía de las universidades nacionales y las facultades de veterinaria]. Respecto de este órgano, lo que trascendió es que el Gobierno buscaría sacar a Aacrea y las universidades.

Por otra parte, en el mismo giro del decreto el control financiero pasaría bajo la órbita directa del Ministerio de Economía, un tema sobre el cual pusieron la lupa las distintas voces que se pronunciaron en contra de que pierda su propio manejo económico. Hoy el director nacional, por ejemplo, coordina la labor técnica-administrativa, además de trabajar en conjunto con el Consejo Directivo.

El INTA cuenta con 53 estaciones experimentales, seis centros de investigación y 258 agencias de extensión rural en todo el país, muchas de ellas en proceso de revisión. Además tiene 15 centros regionales que también quedaron bajo observación del Gobierno. Todo el organismo tiene 6000 trabajadores y trascendió que las autoridades nacionales buscarían recortar unos 1500 empleos.

En este marco, luego de que se pronunciaran varios gobernadores, diputados, entidades rurales y referentes y exmiembros del organismo, desde el Gobierno dijeron, en relación a la reforma del INTA, que hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía de Luis Caputo y el de Transformación y Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

 “Se están haciendo muchas gestiones para mantener el status descentralizado de gobernanza, con un 70% privados y academia (por las universidades) y solo tres consejeros por el gobierno”, dijo una fuente al tanto de la situación en el organismo, que calificó de “desconcierto”. Según describió, hoy no hay “un liderazgo claro” y ante el temor al ajuste hay empleados “analizando el retiro voluntario, desenfocados”.

En este contexto, en algunas entidades del agro comenzó a circular la versión de que el decreto “no camina” y podría no salir en medio del fuerte rechazo de muchos actores. Se pronunciaron en defensa del organismo los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), entre otros.

Otros, en cambio, creen que el Gobierno acelerará y pondrá la reforma en el marco de un decreto general con modificaciones a otros organismos del Estado. Por lo pronto, lo que trasciende desde las esferas del Gobierno es que “se sigue trabajando” y “probablemente” los cambios se conozcan la semana próxima.

Fuente: Diario La Nación