Como contó LA NACION, en 2020 Bieler, productor de Vera, en el norte provincial, realizó tareas de mantenimiento, picadas, poda sanitaria para eliminar selectivamente ramas muertas, dañadas, quebradas y débiles (limpieza de alambrados), que el Estado provincial calificó como un “desmonte ilegal” en la zona amarilla de protección. Intervino en su momento el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, se le dio intervención a la Justicia y tras un largo proceso el Estado provincial confirmó la sanción. Esto se inició durante la gestión del exgobernador Omar Perotti y se ratificó con la actual administración de Pullaro. Hace unos días, desde el gobierno de Santa Fe afirmaron a este medio que la multa fue aplicada siguiendo estrictamente la normativa nacional y provincial y que la sanción original, dictada en 2021, ya había sido ratificada en varias instancias anteriores.

En la nota a Pullaro CRA le remarcó al gobernador que la provincia inició un juicio de apremio mientras el productor ya tramitaba un recurso contencioso administrativo ante la Cámara de lo Contencioso de Santa Fe. Según le indicó la entidad, avanzar con ambos procesos en simultáneo “desnaturaliza el carácter suspensivo” que deberían tener estos casos hasta que la Justicia se exprese.

Para CRA, esto no solo afecta al productor involucrado, sino que erosiona la confianza del sector en los mecanismos de control estatal y en el debido proceso. Además, la organización fustigó el valor de la multa, que consideró “confiscatorio” y agregó que es incompatible con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en el caso de una sanción del Estado.

La entidad que preside Castagnani dijo en la nota que, si bien valora la relevancia de una política ambiental, las sanciones no deben poner en riesgo la continuidad de la empresa agropecuaria. En este marco, CRA le solicitó al gobernador Pullaro que instruya a los fiscales para suspender el juicio de apremio hasta que la Justicia resuelva. Consideró que ese ámbito debe abrir una instancia de diálogo técnico entre el Ministerio de Ambiente, las entidades rurales y el productor.

Fuente: Diario La Nación 

La faena bovina en Argentina cerró noviembre con 1,05 millones de cabezas, lo que representa una baja del 13% respecto de octubre y un descenso interanual del 9%. Si se analiza la faena diaria promedio —considerando que noviembre tuvo menos días hábiles— las variaciones son de +1% mensual y -4% interanual, lo que confirma la desaceleración.

El mes fue el de menor faena en los últimos cuatro años, aunque influido por un calendario más corto. Aun así, las cifras reflejan un retroceso sostenido que abarca distintas categorías. En comparación con noviembre de 2024, la faena de vaquillonas cayó 13%, la de novillitos 10%, la de novillos 6% y la de vacas 2%.

En el acumulado de los primeros once meses del año, los frigoríficos procesaron 12,4 millones de cabezas, lo que implica un 2% menos que en igual período de 2024. Dentro de este total, la categoría más afectada es la de vacas (-9%), seguida por los novillitos (-2%), mientras que vaquillonas (+1%) y novillos (+4%) muestran leves incrementos. La participación de hembras se ubicó en 48,4%, prácticamente idéntica a la de un año atrás, lo que evidencia una estabilidad marcada en este indicador clave.

El análisis de la faena en períodos móviles de tres meses muestra que la faena de novillos entre septiembre y noviembre es la más baja en seis años, similar a los niveles registrados a comienzos de 2022. Este comportamiento confirma que noviembre es el tercer mes consecutivo con caída interanual en la faena diaria, profundizando el giro hacia una menor oferta de hacienda.

Los analistas sostienen que este cambio en el ciclo ganadero está influido por mejores expectativas macroeconómicas, baja parcial de derechos de exportación, mejores precios FOB y la valorización de la hacienda durante el segundo semestre, factores que incentivan la retención de animales y reducen la presión de envío a faena.

Con una tendencia ya instalada y un mercado ganadero que busca equilibrio, las próximas semanas serán clave para determinar si la reducción en la faena se sostiene en el arranque de 2026.

Fuente: Valor Carne

Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país expresaron públicamente su respaldo al Proyecto de Modernización Laboral presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación. Para las entidades, la propuesta constituye un paso “muy positivo y necesario” para fortalecer la competitividad y reactivar la economía argentina mediante un marco laboral actualizado y orientado a la creación de empleo formal.

En su análisis, remarcaron que las reformas planteadas permitirán reducir los elevados niveles de informalidad que aún persisten en el mercado laboral, y dotarán al sistema de reglas más claras y adaptadas a las dinámicas productivas actuales. Según las Bolsas, avanzar hacia un régimen laboral más flexible y moderno es esencial para mejorar la previsibilidad y atraer inversiones.

Uno de los puntos más valorados por el sector es la inclusión dentro del proyecto del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta que —apuntan— puede marcar un antes y un después en la generación de nuevas oportunidades para el agro. Las entidades sostienen que el RIMI impulsará condiciones más favorables para canalizar capital hacia actividades vinculadas con la producción primaria, la incorporación de tecnología, la ampliación de la capacidad instalada y la innovación.

De acuerdo con el comunicado, este régimen no solo estimulará el crecimiento productivo, sino que también potenciará la creación de empleo, el agregado de valor y el desarrollo de cadenas agroindustriales más competitivas en el mercado interno y externo.

Con este respaldo, las Bolsas de Cereales buscan enviar un mensaje claro: promover reformas estructurales laborales y fiscales es, a su entender, un pilar fundamental para mejorar la productividad del país y para que el campo pueda seguir desempeñando su rol como motor de la economía argentina.

Fuente: Bolsa Cereales de Buenos Aires