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Procesan a Cristina Kirchner por asociación ilícita y la embargan por 10.000 millones de pesos

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El juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por $10.000 millones por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó hoy procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una «asociación ilicita» que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de su fallecido marido, Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Baéz.

En igual situación y con montos de embargos similares quedaron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ya detenido y procesado ex secretario de Obra Pública, José López; el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planificación, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner–, y el también detenido y procesado Báez.

En una extensísima resolución de 794 carillas, el juez federal Julián Ercolini consideró que los nombrados integraron «una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015».

Para el magistrado «se habría verificado que los proceso licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original».

Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que «el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos».

La resolución agrega que la asociación ilícita invocada habría estado «destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada» de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.

Para el juez Ercolini, el montaje de esa asociación se habría iniciado con «la conversión formal de Báez, amigo de los nombrados Kirchner y Fernández, con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, en empresario de la construcción», actividad a la que era ajeno antes del 2003.

«A tal fin, pocos días antes de que Néstor Carlos Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios -Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti- formó la firma Austral Construcciones S.A», resume Ercolini.

«En pos de llevar adelante las maniobras del plan primigenio, el mentado ex presidente montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos. añadió.

«Dicha estructura fue mantenida por (la ex presidente Cristina) Fernández tras asumir la presidencia de la Nación con fecha 10 de diciembre de 2007».

La decisión de Ercolini recayó además sobre otros seis funcionarios indagados en la causa, a los que también les adjudicó cometer el delito de «administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública» con diversos roles dentro de los «planes delictivos» investigados.

Se trata de los ex funcionarios de vialidad y provinciales Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez, quienes fueron embargados por 2.500 millones de pesos cada uno.

«Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados», remarcó el fallo.

Todos los funcionarios públicos procesados «conocían el pacto que los unía», agregó el juez al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita.

Para el juez, todos los nombrados «habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional» con el fin de «procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez».

El eje de la investigación giró en torno a una auditoria de las actuales autoridades de Vialidad Nacional y una anterior, del 2008, de la diputada Elisa Carrió sobre supuestas irregularidades en la concesión de tramos de la ruta nacional 3 y la ruta 9 de la provincia patagónica, luego unificadas a instancias de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques,

Según la denuncia de Vialidad, «de un total de ochenta y ocho obras llevadas acabo en esa jurisdicción en el período 2004-2015, cincuenta y dos obras se contrataron con empresas relacionadas con Báez que, recordemos, devino en empresario de la construcción en el año 2003», resaltó Ercolini en su fallo.

Durante ese período las obras se concentraron en un único grupo de empresas relacionadas con Báez: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y «Sucesión Adelmo Biancalani», con un «constante incumplimiento de los plazos de obra, y una marcada desigualdad en el plazo de pagos con relación a otras empresas contratistas con esa dirección nacional», señala el fallo.

Además, el magistrado ordenó congelar la totalidad de las cuentas bancarias de todos los procesados, salvo aquellas donde se cobren pensiones, jubilaciones o salarios y que se realice un estudio socioambiental sobre cada uno de ellos ademas de toma de huellas dactilares.

Esta es la primera causa por delitos de corrupción en la que resulta procesada la ex Presidenta, quien ya va camino a juicio oral en la investigación por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

La decisión de Ercolini podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña y como en la causa hay detenidos -Báez y López- podría habilitarse la feria judicial de enero.

Fuente: Télam

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Cómo tramitar la asignación por matrimonio en ANSES

Los trabajadores en relación de dependencia y de temporada, titulares de la Prestación por Desempleo, de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y de una Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra pueden acceder al cobro de la Asignación Familiar por Matrimonio, por única vez, a partir de los 2 meses y hasta los 2 años posteriores a la fecha del casamiento.

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El trámite puede realizarse a través del sistema de Atención Virtual.  Para ello, es necesario que los datos del grupo familiar, matrimonio, domicilio y contacto estén registrados y actualizados en ANSES. También es posible efectuarlo en una oficina del organismo con turno previo.

Es importante tener en cuenta que para solicitar esta asignación, los ingresos de la pareja y de cada uno de sus integrantes no deben superar los topes máximos vigentes.

Para más información, consultar aquí.

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Prepagas: suman a otras cinco empresas a la cautelar para retrotraer los aumentos

Con las nuevas firmas agregadas, la medida cautelar ahora abarca a 23 prepagas que contemplan el 95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen.

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La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) amplió la medida cautelar contra las prepagas a 5 empresas más, con el objetivo de que retrotraigan los aumentos a diciembre del año pasado y se ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación en los últimos cuatro meses.

El organismo estatal incorporó al Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo D.D.M SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora, a la denuncia por «abuso de las empresas de medicina prepaga en la determinación de los aumentos de cuotas de sus usuarios», según explicaron desde el Gobierno.

Con las nuevas firmas agregadas, la medida cautelar ahora abarca a 23 prepagas que contemplan el 95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen. El recurso interpuesto por la SSS apunta a que las empresas retrotraigan sus precios a diciembre y que la justicia disponga la devolución de las subas que superaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos meses.

Asimismo, desde el Ejecutivo precisaron que «la medida cautelar de la Superintendencia se basa en resguardar la competencia en defensa del libre mercado frente a las prácticas anticompetitivas, como el abuso de posición dominante y exceso en la determinación arbitraria e injustificada del aumento de las cuotas».

Las prepagas investigadas desde enero por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio e Industria y que se ven alcanzadas por la medida son:

Galeno Argentina S.A.
Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil.
Hospital Alemán Asociación Civil.
Medifé Asociación Civil.
Swiss Medical S.A.
Omint S.A. de Servicios.
OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios.
Unión Argentina de Salud (UAS), y su ex titular, Claudio Belocopitt, también presidente de Swiss Medical S.A.

Al respecto de la cautelar, fuentes oficiales indicaron que «no se trata de una intervención del mercado sino justamente lo contrario: una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia».

Además, señalaron que «el Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente».

En tanto, desde el Ejecutivo precisaron que «esta es una acción independiente a la medida tutelar por cartelización que también avanza en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia».

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Bolsillos flacos: el consumo cayó un 3,8% interanual en marzo

En marzo de 2024, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró un retroceso de 3,8% en la comparación interanual (i.a.).

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Si bien se observó un incremento desestacionalizado de 0,8% frente al mes de febrero (es decir, descontando los efectos estacionales habituales del consumo a lo largo del año), el consumo sigue en caída de la mano de la perdida del poder adquisitivo del salario real.

El indicador que refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales con una periodicidad mensual, estima un ingreso nominal promedio de $973.000 en el mes de marzo 2024. Ese ingreso implica una caída de 17% en términos reales.

De esta forma, el IC acumula en los primeros tres meses del año un decrecimiento de 3,1% i.a, marcando un profundo deterioro en el consumo al inicio del 2024. Continúa la tendencia bajista en las tasas de crecimiento interanual exhibidas por el IC a partir de enero y marcan en marzo 2024 un nuevo valor negativo en el año.

Desde la Cámara analizaron la situación coyuntural y explicaron que “los significativos incrementos en los precios de bienes regulados, especialmente en sectores como educación y tarifas de servicios públicos como la electricidad, (…) resultó en una continua disminución del ingreso real de los hogares, erosionando su poder adquisitivo».

Y agregaron: «En el proceso de ordenar los precios relativos, el consumo está siendo la variable de ajuste por parte de las familias. La implementación de una política de ingresos que busque recomponer el consumo, pero sin volver a acelerar la inflación, será una difícil tarea que tendrá el gobierno nacional por delante”.

La recuperación de la capacidad de consumo llevará un tiempo aún cuando la inflación mensual continúe desacelerándose (esto último es muy positivo).

El consumo rubro por rubro

Al analizar el desempeño de algunos rubros en particular, se observa una dinámica generalizada de decrecimiento interanual respecto a los valores de marzo de 2023.

El rubro de indumentaria y calzado mostró en el tercer mes del año un decrecimiento estimado de 11,2% i.a., con una contribución negativa del 0,6% al retroceso de 3,8% i.a. del IC. Se explica por la gran caída del ingreso de los hogares y la postergación de consumos no fundamentales para la vida cotidiana.

Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró un retroceso estimado del 4% i.a. en marzo, contribuyendo negativamente en un 0,5% a la variación interanual del IC. La disminución se explica por una fuerte caída de los patentamientos de automóviles y un leve encarecimiento del precio de la nafta.

Recreación y cultura mostró en marzo un decrecimiento de 14,5% i.a. (con una contribución negativa de 0,9 p.p. al IC). Esto se explica por las mismas razones que el segmento indumentaria y calzado: la caída en el ingreso real redujo el poder de compra y postergó el acceso a bienes y servicios relacionados al ocio.

En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró un retroceso estimado de 9,9% i.a. en marzo del presente año, lo cual se explica principalmente por la disminución en el ingreso disponible y el gran aumento en las tarifas de electricidad

Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una contracción estimada de 0,2% i.a. en marzo (y una incidencia de 0,1 p.p.), posicionándose en niveles 6,3% por encima de los niveles prepandemia.

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